Un grupo de expertos de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen previsto iniciar hoy en Atenas una visita de inspección de diez días.
El objetivo de la misión es constatar los progresos alcanzados en el programa de ahorro del Gobierno de Atenas y ver si se han cumplido los requisitos exigidos para dar luz verde a un nuevo tramo de préstamos, el segundo, por 9.000 millones de euros, de parte del mecanismo de ayuda europeo.
Los expertos tienen previsto visitar los ministerios de Finanzas, Transporte, Sanidad, Trabajo, Economía y Marina Mercante, así como del Medioambiente y elaborar a continuación un informe hacia el 23 de agosto, que será presentado a la Comisión Europea.
Se espera que el segundo tramo de la ayuda exterior sea entregado a Grecia en torno al 12 de septiembre, tras haber recibido ya 20.000 millones en mayo en el primer tramo.
En este año, quedaría pendiente un tercer tramo, por otros 9.000 millones de euros, para noviembre.
Los inspectores estudiarán la utilización que hace Grecia de los fondos europeos, la privatización del servicio ferroviario, las fuentes de energía renovables y la apertura del mercado a determinadas profesiones, cuyas licencias estaban hasta ahora limitadas.
Además examinarán el funcionamiento del sistema bancario, que el pasado viernes superó la prueba de solvencia, a excepción de uno de los seis bancos que participaron en el test.
El ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantínu, expresó su certeza de que Grecia recibirá el segundo tramo de ayuda, ya que está cumpliendo con las condiciones estipuladas en el acuerdo con sus socios de la zona del euro y del FMI.
En lo que va de año, los sindicatos han llevado a cabo siete huelgas generales para protestar contra los recortes de los salarios y las pensiones, así como otras modificaciones en el sistema laboral, adoptadas por el Gobierno en el marco de un severo plan de austeridad.
Los propietarios de camiones de transporte de carga y de petróleo iniciaron anoche jornadas de protestas debido a que el Gobierno abre la profesión a nuevas licencias que desde 1971 estaban limitadas a un máximo de 30.000.
Las protestan han ocasionado largas colas en las gasolineras por miedo a que los vehículos privados se queden sin gasolina por falta de abastecimiento, y los empresarios del turismo han expresado su temor a quedar sin abastecimiento de productos en plena temporada turística.
