Los jueces del proceso Casa Pía dieron hoy por probados varios delitos cometidos por los siete acusados en las primeras horas de lectura de su sentencia, que cierra un caso sobre actos de pederastia en un orfanato público revelados en 2002.
El grupo de jueces del Tribunal Criminal de Lisboa, presidido por Ana Peres, continúa con la lectura del fallo del juicio más mediático en la historia de Portugal pero lo revelado hasta ahora descarta que alguno de los procesados pueda ser declarado inocente.
Las acusaciones que pesan contra ellos son de abusos sexuales, lenocinio y uso indebido de caudales públicos en la institución civil para acogida de niños Casa Pía de Lisboa, administrada por el Estado.
Los jueces del proceso más largo de la historia lusa reciente decidieron dar a conocer las 3.000 páginas de la sentencia por orden de acusaciones y víctimas y probablemente no se sabrá hasta el final de la lectura los delitos y penas que atribuyan en total a cada uno de los acusados.
Los siete procesados, a los que se imputan crímenes sexuales, son el embajador jubilado Jorge Ritto; el ex chófer de Casa Pía Carlos Silvino; el ex proveedor adjunto de la institución Manuel Abrantes; el médico João Ferreira Diniz; el abogado Hugo Marçal; el ex presentador de televisión Carlos Cruz; y Gertrudes Nunes, dueña de la casa en la que supuestamente ocurrieron los abusos.
Silvino es el único acusado que se declaró arrepentido y contó al Tribunal que durante su infancia fue víctima de abusos sexuales en la Casa Pía en la que fue acogido y vivió toda su vida.
Silvino, de 53 años, es acusado de haber cometido durante años más de 600 crímenes de naturaleza sexual, abusos y lenocinio y de participar en la red que organizaba los encuentros para que hombres adinerados sostuvieran relaciones con niños huérfanos o retirados de la custodia de sus familiares.
El resto de los acusados reclaman su inocencia y piden ser absueltos de todos los cargos.
Carlos Cruz, el procesado más conocido por la opinión pública por haber sido presentador en varias cadenas portuguesas, está imputado a sus 68 años de seis crímenes de abuso sexual y actos con adolescentes, mientras que al ex diplomático Jorge Ritto le atribuyen once crímenes de abusos sexuales y dos de lenocinio.
Sobre el antiguo proveedor adjunto de la institución Manuel Abrantes pesan cargos de 48 crímenes de abusos sexuales, lenocinio y uso indebido de caudales públicos mientras al médico Ferreira Diniz le imputan abusos sexuales contra 18 menores.
Por último el abogado Hugo Marçal es juzgado por un total de 36 crímenes sexuales y lenocinio mientras que a Gertrude Nunes, en cuya casa se producía los encuentros con los menores, se la procesó por 35 casos de lenocinio.
La intervención de la Justicia se produjo después de que las primeras denuncias del caso fuesen divulgadas por la televisión privada portuguesa SIC y el semanario Expresso en 2002.
El denominado «megaproceso» en Portugal, que comenzó a ser investigado en noviembre de aquel año y juzgado en 2004, cuenta con un total de 980 testigos, está compuesto por 66.100 hojas y durante su desarrollo fueron interpuestos un total de 168 recursos.
El caso de pederastia de la Casa Pía conmocionó a la opinión pública portuguesa tras la publicación de los reportajes periodísticos que denunciaban dos décadas de abusos sexuales a los menores alojados en la institución de beneficencia con la complicidad de sus responsables.
El escándalo también salpicó a la política portuguesa cuando fue acusado en las investigaciones el ex ministro socialista Paulo Pedroso, que en 2003 estuvo en prisión preventiva durante cuatro meses y medio pero salió libre de cargos.
El proceso judicial dio lugar además a otro escándalo cuando la divulgación de las escuchas telefónicas que hacía la Policía en sus investigaciones revelaron que, por cuestiones ajenas al caso, también estaban pinchados los teléfonos de personalidades como el entonces jefe de Estado, Jorge Sampaio, o el ex presidente del Parlamento Joao Bosco Mota Amaral.
