La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, ha aplazado de nuevo su juicio sobre la legalidad de las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros en Francia, alegando que espera información «adicional» de las autoridades galas, pese a las reuniones de los últimos días y a las exigencias de los eurodiputados que este martes le pidieron mayor claridad y contundencia.
Su departamento anunció la semana pasada que el informe «político y jurídico» sobre las polémicas expulsiones en Francia y su compatibilidad con las normas europeas –especialmente con la Carta de Derechos Fundamentales– estaría listo para la comparecencia de la vicepresidenta ante el pleno del Parlamento Europeo.
Tras una primera intervención muy criticada por los eurodiputados por su ambigüedad, Reding admitió en una segunda intervención que los servicios legales de la Comisión «siguen analizando cuáles son los hechos sobre el terreno» y explicó que espera datos «adicionales» de las autoridades francesas.
«No tenemos aún las pruebas de si ha habido discriminación o no», admitió, tras explicar que «no se puede declarar la guerra a un Estado miembro porque sí».
También señaló que en el pasado no ha dudado en llevar ante los tribunales a «grandes» países, pero que para ello necesita «pruebas legales». «Se necesitan palabras serias, no sólo una declaración política», se justificó.
Mientras, insistió en el diálogo «franco y directo» que ha mantenido con el Gobierno francés durante esta crisis y recordó la visita a Bruselas de varios ministros de este país para dar garantías de que las expulsiones han sido estudiadas ‘caso por caso’ –lo contrario vulneraría las leyes europeas– y que la mayoría de ellas han sido de carácter voluntario.
Su departamento y los servicios legales de la CE «trabajan para comprobar si lo dicho refleja la realidad sobre el terreno», añadió.
En cualquier caso defendió el derecho a la libertad de movimiento de cualquier ciudadano europeo e informó de que ha enviado una nueva carta a Francia para que transponga correctamente la directiva de 2004. Pero advirtió de que los derechos «también conllevan obligaciones» y abogó por el «equilibrio» entre estos dos elementos.
Además anunció la creación de un grupo de trabajo para aclarar cuál ha sido el destino de los fondos europeos recibidos por los Estados miembros para impulsar la integración de los gitanos.
«Queremos tener la prueba de la no utilización o la mala utilización de los fondos. Esperamos resultados para finales de año», dijo Reding en un debate en Estrasburgo en el que criticó que algunos gobiernos consideren que «no es popular» invertir en esta comunidad étnica.
CRITICAS CONTRA FRANCIA
La política de expulsiones emprendida por el Ejecutivo de Nicolas Sarkozy ha sido duramente criticada durante el debate por los grupos de izquierdas, los liberales y los verdes, que han tildado de «cínico» al gobierno galo y condenado las deportaciones que consideran «masivas».
También han arremetido contra la Comisión Europea por su respuesta «profundamente decepcionante» y han coincidido en ver «escandaloso» que tras varias semanas de análisis Bruselas no emita un juicio claro sobre la legalidad de las repatriaciones.
Para el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, el caso español es un «ejemplo» de la integración de los gitanos en la sociedad y ha criticado la expulsión «colectiva» de los romaníes en Francia por parte de quien elige «gestos populistas que pretenden superar los problemas de un Gobierno en las encuestas».
La también socialista Hannes Swoboda ha advertido de que si Reding opta por «no dar respuesta clara» a Francia, otros Estados miembros seguirán el camino de «quitar la nacionalidad» a las minorías.
«Francia, cuna de los Derechos Humanos, está haciendo trampas y pagando 100 euros a los niños y 300 a los adultos para que salgan del país», ha denunciado la eurodiputada liberal Renate Weber.
Por su parte, la eurodiputada de los Verdes Hélène Flautre, ha atacado a los gobiernos que relacionan «delitos y gitanos» y ha reclamado a las instituciones europeas que demuestren que la Carta de Derechos Humanos «no es papel mojado». Su compañera de filas Franciska Keller ha asegurado que esta crisis es «una gran desgracia para toda la UE».
Desde el Partido Popular, varios de sus miembros han tomado la palabra para apoyar los esfuerzos por la integración de la población gitana en los Estados miembros, pero han evitado criticar el método de Francia.
La eurodiputada gitana Lívia Járóka ha defendido el derecho de los gobiernos para «tomar medidas» y criticado la pasividad para reducir la pobreza del colectivo gitano. Para el también ‘popular’ Simon Busuttil, la polémica en torno a las expulsiones es fruto de una «manipulación política».
