Los jefes de Estado y de Gobierno han acordado que las nuevas sanciones a los países con déficit y desequilibrios excesivos, que suavizan las propuestas originales de la Comisión, se tramiten por la «vía rápida» para que se conviertan en ley y puedan empezar a aplicarse «para el verano de 2011».
No obstante, estos castigos no tendrán carácter retroactivo y no se impondrán a los Estados miembros que, como España, ya están expedientados por déficit excesivo.
El nuevo sistema de sanciones «permitirá mejorar la disciplina presupuestaria, ampliar la vigilancia económica, intensificar la coordinación, y constituir un marco sólido de gestión de crisis y unas instituciones más fuertes», según se recoge en las conclusiones del Consejo Europeo. «El resultado será un fortalecimiento sustancial del pilar económico de la UEM, que consolidará la confianza y contribuirá así al crecimiento sostenible, al empleo y a la competitividad», añaden.
Los nuevos castigos no serán casi automáticos como defendía la Comisión, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas y se da más peso a las decisiones políticas del Consejo Ecofin a la hora de lanzar el expediente sancionador. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, partidario de una mayor dureza, se ha negado a suscribir la reforma.
El acuerdo, alcanzado por los ministros de Economía de la UE el pasado 18 de octubre, fue posible después de que Alemania cambiara de bando y apoyara la postura más flexible de Francia, Italia o España. A cambio, la canciller Angela Merkel ha impuesto al resto de socios lanzar una minirreforma del Tratado para hacer permanente el fondo de rescate de 750.000 millones de euros que se creó en mayo para frenar la crisis de deuda en la eurozona, pero incluyendo la posibilidad de quiebras controladas de los Estados.
Además, Merkel ha logrado que el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, estudie la posibilidad de suspender el derecho de voto en las decisiones de la UE a los países reincidentes en la indisciplina fiscal, pese a que tanto la Comisión como la mayoría de los Estados miembros lo ven inaceptable.
Cuando entre en vigor la reforma, por primera vez, los castigos podrán lanzarse incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit público previsto en el Pacto de Estabilidad. Si un país no realiza los ajustes necesarios para llegar al equilibrio presupuestario, se le obligará a bloquear un depósito generador de intereses.
Pero la decisión de iniciar un procedimiento por déficit excesivo la seguirán tomando los ministros de Economía de la UE por mayoría cualificada, con lo que podrán vetar cualquier propuesta de Bruselas.
Una vez lanzado el expediente, se dará al Estado miembro en cuestión 5 meses para corregir la situación antes de aplicar las sanciones. También cuando sobrepase el umbral del 3% se le volverán a dar 6 meses antes de pasar a la siguiente fase sancionadora, que consistirá en bloquear los intereses del depósito. El depósito se convertirá en multa si el Gobierno no adopta medidas.
Una vez activado el proceso sí aumenta el automatismo, ya que las propuestas de sanciones presentadas por Bruselas se considerarán adoptadas a menos que el Consejo las rechace por mayoría cualificada.
El acuerdo de los ministros de Economía no concreta la cuantía de las multas sino que las deja a una negociación posterior. El Ejecutivo comunitario había propuesto una multa del 0,2% del PIB (2.000 millones de euros en el caso de España).
Además, un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero que tenga una deuda por encima del 60% podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado rebajarla en un determinado porcentaje durante los tres últimos años. Pero el acuerdo tampoco fija el porcentaje de recorte y lo deja a un acuerdo posterior por las reticencias de países con alta deuda como Italia y Bélgica.
También habrá multas para los países con problemas de competitividad a las que inicialmente se oponía España. Pero también en este caso se diluyen las propuestas de Bruselas porque las nuevas sanciones sólo se aplicarán a los países que de manera repetida no hagan caso de las recomendaciones de la UE para, por ejemplo, acabar con una burbuja inmobiliaria.
