El Gobierno irlandés trata de resistir hoy las presiones para que solicite un rescate económico de la Unión Europea (UE), aunque podría verse finalmente obligado a aceptar una inyección de capital para sanear su sistema bancario.
En el centro de la negativa de Irlanda a recibir ayuda se sitúa su empeño por mantener la soberanía sobre su política económica y el enorme daño que causaría una hipotética intervención exterior en la imagen de un Gobierno en horas bajas.
En un país tradicionalmente reticente a aceptar Tratados europeos en las urnas, se ve con recelo la posibilidad de que Bruselas o el Fondo Monetario Internacional (FMI) tengan ahora la autoridad que no tuvieron durante los años de abundancia del «Tigre Celta» para establecer directrices económicas.
Durante años, los socios comunitarios se han quejado de que Irlanda ha pecado de «competencia desleal» al aplicar, por ejemplo, un impuesto de sociedades del 12% para atraer a la isla inversiones de multinacionales.
Según las encuestas, el partido gobernante, el Fianna Fail del primer ministro, Brian Cowen, perderá el poder en las próximas elecciones, previstas para 2012, pero la formación más poderosa de la isla tampoco quiere pasar a la historia como la que dejó el destino del país en manos extranjeras.
En opinión de los expertos, Irlanda está maniobrando para lograr que el posible rescate afecte sólo a su deteriorado sector bancario y no al presupuesto, para evitar un duro plan de reformas y condiciones con sus acreedores.
A pesar de los mensajes que llegaron hoy de Bruselas, el ministro irlandés de Asuntos Europeos, Dick Roche, volvió a pedir a la UE que no se deje llevar por el «pánico» e insistió en que su país no necesita ayuda económica del Fondo de Estabilidad Financiera comunitario o del Fondo Monetario Internacional (FMI).
No obstante, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vítor Constancio, consideró hoy que Irlanda debe decidir por sí misma si necesita ayuda, pero opinó que, en caso de que solicite «financiación externa», la situación se estabilizará.
El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, pidió también hoy «responsabilidad» en la gestión de la crisis de la deuda en la zona euro, dado que «las decisiones de un país afectan a los demás».
«El euro es el signo más visible y palpable de nuestro destino común. Compartir una moneda significa que las decisiones de uno afectan a todos», dijo Van Rompuy, quien añadió que «el interés nacional y el europeo no pueden continuar separados».
En declaraciones a la cadena británica BBC, Roche reiteró que el Gobierno irlandés no considera la posibilidad de «presentar una solicitud» para acceder a fondos del «IMF o de la UE».
«No ayudan los rumores y especulaciones», advirtió el titular para Europa, quien confió en que la reunión de hoy de los 16 ministros de Finanzas de la zona euro traiga calma e introduzca «lógica» en los análisis sobre la situación irlandesa.
«Hay un problema de liquidez con los bancos, pero no creo que la respuesta apropiada sea que cunda el pánico entre los ministros de Economía», añadió Roche.
La posición oficial del Gobierno irlandés es que no necesita dinero de fondos internacionales, porque tiene cubiertas sus necesidades económicas hasta mediados del próximo año.
No obstante, los mercados continúan ejerciendo presión sobre su economía al mantener la rentabilidad del bono irlandés a 10 años por encima del 8 por ciento.
Los mercados dudan de la capacidad del Ejecutivo de Dublín de sacar al país de la crisis por la rémora que supone el rescate de su sistema bancario, cuya factura se acerca a 60.000 millones de euros y ha disparado la déficit público hasta el 32 por ciento del producto interior bruto (PIB).
Irlanda insiste, además, en que su plan cuatrienal de ajustes, que se presentará la próxima semana, generará un ahorro de 15.000 millones de euros y reducirá el déficit público hasta el 3 por ciento del PIB en 2014.
La primera fase de ese plan comenzará el próximo 7 de diciembre con la presentación de los presupuestos generales para 2011, en los que se incluyen recortes de 6.000 millones de euros.
