El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, ha anunciado que el día 1 de enero entra en funcionamiento el nuevo sistema fiscal en Gibraltar que supone «igualdad para todos, tanto locales como externos, terminando con el paraíso fiscal» y ha ofrecido a España un acuerdo de colaboración en materia fiscal.
En su intervención en el ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’, Caruana explica que el día 1 de enero «se acaba la última empresa de paraíso fiscal basado en un sistema discriminatorio, donde las empresas locales pagaban un tipo de impuesto del 35 por ciento, mientras que las de fuera nada», y se pasa a un sistema que fija en un diez por ciento como consecuencia de la aplicación de las ayudas estatales de la Unión Europea.
Así, admite el debate en torno a los modelos fiscales, pero niega que el Peñón lleve a cabo «competencia desleal», ya que «si se tiene un tipo de impuesto más bajo que el vecino es competencia legítima y es algo en lo que deberían trabajar todos los países».
Además, explica que «todas» las potencias económicas mundiales cuentan con un acuerdo con Gibraltar de libre intercambio de información para que «no haya opacidad» en las transacciones y avanza que esta oferta también ha sido ofrecida a España, pero en un contexto «más amplio y profundo», incluyendo la cooperación en los reguladores financieros y otros temas fiscales.
«Las críticas sobre Gibraltar se deben a un folclore creado por personas que leen lo que otras escriben sin conocimiento de causa para descalificar colectivamente a un pueblo y justificar que se le quieran quitar sus derechos como ciudadanos», agrega.
Insiste en que su centro financiero cumple «a rajatabla» con todas las normativas comunitarias en referencia a aspectos como el blanqueo de capital o la transparencia. «¿Tanto poder tiene Gibraltar que Reino Unido se iba a quedar de brazos cruzados pagando el pato mientras hacemos lo que nos da la gana? Obviamente, no», aclara Caruana.
«Gibraltar no tiene necesidad, ni ganas, ni propósito de ser un centro financiero que el país vecino vea como una amenaza», insiste Caruana, que recuerda que, «aunque en su día fue un paraíso fiscal, ahora no lo es». «Hemos trabajado mucho para que se deje de ser un paraíso fiscal y que se constituya como un centro en toda regla adaptado a toda la normativa europea», añade.
Gibraltar cuenta con 2,2 billones de Producto Interior Bruto (PIB), 370 millones de presupuesto y más de 30.000 habitantes y 22.000 personas activas, produciendo superávit de hasta el diez por ciento. Además, su deuda pública supone un 25 por ciento de si PIB, que «sólo se destina a desarrollo de infraestructuras», y cuenta con una economía «raramente diversificada para ser pequeños», basada en sectores como las actividades portuarias, el turismo o las apuestas ‘on line’.
En cuanto a las apuestas ‘on line’ asegura que tienen empresas «en cola» para poder entrar en el Peñón, ya que sólo han permitido la entrada a una veintena de ellas, entre las que se encuentran las cinco más grandes a nivel mundial, que permiten que sean reguladas, rechazando el 90 por ciento de las peticiones.
«La esencia de nuestra economía próspera es que tenemos el control de la política fiscal, de las sociedades y los individuos, y que tenemos reputación internacional», añade Caruana, que recalca que su éxito responde «a lo contrario que piensa España, que apunta a competencia desleal, falta de transparencia y actividad dudosa».
