La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha reclamado que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) cuente con un presupuesto «suficiente» y acorde con los objetivos marcados, al tiempo que ha abogado por permitir un periodo «transitorio» de unos cuatro años para evitar «grandes terremotos».
Los ministros de Agricultura de la UE han tenido este lunes el primer debate formal sobre el documento presentado por Bruselas en el que propone que la nueva PAC, que está por negociar y que debería entrar en vigor en 2014, asegure un reparto más justo de las ayudas y prime los esfuerzos medioambientales de los agricultores.
En rueda de prensa posterior al debate, Aguilar ha considerado «esencial, necesario e imprescindible» que se prevea un periodo transitorio de «cuatro años aproximadamente» para el paso de un modelo a otro, con el objetivo de que los cambios que se aprueben «no repercutan negativamente» en los productores de la UE «y de España en particular».
La ministra ha insistido en que la reforma se realice «con tranquilidad y normalidad» para evitar «grandes terremotos». También ha subrayado que la agricultura europea debe ser «competitiva y sostenible» y ha pedido a Bruselas que esa sostenibilidad sea «económica», para las rentas de los agricultores; «social», para que tenga en cuenta el empleo y el desarrollo territorial; y «medioambiental».
Durante el debate, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha reiterado la necesidad de un reparto más justo y equilibrado de las ayudas agrícolas entre sectores y países y ha insistido en que la reforma que se asuma ha de ser «creíble» y «ambiciosa», pero también «realista y factible». Otra de las ideas del documento es «ofrecer la posibilidad» de mecanismos con los que luchar contra la «volatilidad excesiva» de los precios.
También ha insistido en explicar al consumidor el papel de la PAC para la seguridad alimentaria y su potencial para proteger el medio ambiente, como argumentos para justificar una dotación presupuestaria importante.
«Tenemos que elegir: ¿queremos una agricultura fuerte, presente en todo el territorio, o queremos una agricultura marginal en la economía europea? Esa elección es primero económica, pero no sólo. También es una cuestión de diversidad, autenticidad y la calidad y los valores fundamentales de la UE», ha defendido ante los ministros.
Además, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo ‘ad hoc’ para el seguimiento de las negociaciones con las partes y ejercer de «cortafuegos» del exceso de iniciativas, con el objetivo de que las propuestas legislativas del próximo año sean «precisas» y «no compliquen demasiado» el proceso.
Reino Unido ha sido uno de los países más duros en su réplica al comisario al reclamar «que se deje de pedir constantemente dinero a los contribuyentes» para sostener las producciones agrarias en la UE. «Hay que empezar a apartar la agricultura de los subsidios y orientarlos más al mercado», ha dicho el representante británico tras recordad que Reino Unido ha pedido recortes en las aspiraciones presupuestarias de la UE para el próximo año, dado el contexto de crisis.
Otras delegaciones, entre ellas Polonia, Eslovaquia y Estonia, han alertado del riesgo de que las reformas se queden sólo en ajustes «cosméticos» que no compensen los desequilibrios y han pedido cambios más «ambiciosos» que los propuestos inicialmente por Bruselas. Letonia, cuyos agricultores son los que menos ayudas directas reciben de media en toda la UE, también ha considerado insuficiente el documento del comisario, pero lo ha valorado como un «inicio» útil.
ACUERDOS COMERCIALES CON TERCEROS.
Varios ministros han aprovechado el debate sobre el futuro de la política agraria común para referirse a las negociaciones comerciales de Bruselas con terceros países y los temores a que este tipo de convenios dañen a los agricultores y ganaderos de la UE.
El ministro francés, Bruno Le Maire, ha reclamado a Ciolos «coherencia» y «más transparencia» en las negociaciones comerciales en distintos escenarios internacionales, especialmente en cuanto a la ronda para la liberalización comercial de Doha y el acuerdo que se negocia con los países del Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay–.
El ministro italiano, Giancarlo Galan, ha sido más contundente al augurar que un acuerdo con Mercosur supondrá «un riesgo enorme de que la apertura necesaria (por dicho acuerdo) pueda dañar mucho a nuestros productores».
Ciolos ha replicado que sigue «muy de cerca» los contactos con Mercosur y que se ultima un estudio de impacto para basar en él las propuestas que ofrecerán en las negociaciones con los países del Cono Sur. «Haré lo necesario para que estén informados puntualmente», ha dicho a los ministros.
Aguilar, por su parte, ha precisado en rueda de prensa que España también ha reclamado «información plena y transparente» sobre la evolución de los contactos con Mercosur y ha valorado el estudio de la Comisión para «ponderar el impacto» de un eventual acuerdo en la agricultura europea, especialmente en la ganadería.
