El juicio contra el ex presidente y ex primer ministro francés Jacques Chirac sobre el caso de los empleos ficticios cuando era alcalde de la capital francesa y lideraba el partido Reagrupamiento por la República (RPR) ha quedado suspendido temporalmente por una cuestión de procedimiento sobre la que el tribunal tomará una decisión este martes.
Si el Tribunal Correcional de París, que lleva el caso, considera seria la cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada por el abogado de uno de los acusados, que mantiene que los supuestos delitos que se juzgan han prescrito, el juicio podría aplazarse varios meses. Además de Chirac, hay otras nueve personas acusadas.
Chirac, acusado de malversación de fondos públicos, abuso de confianza y adquisición ilegal de participaciones, se convertirá este miércoles en el primer jefe de Estado en Francia que comparece ante un tribunal correccional. «Es probable que el presidente venga mañana», declaró uno de sus abogados, Georges Kiejman, después de que el juez Dominique Pauthe levantara la sesión.
HECHOS QUE SE REMONTAN A LOS AÑOS 90
Se supone que, entre octubre de 1992 y mayo de 1995, 21 empleados del Ayuntamiento habrían servido a los intereses del ex presidente y su partido, no a los de los parisinos.
La investigación de los hechos comenzó en 1998, y los detractores del ex presidente consideran que éste ha hecho todo lo posible por eludir su procesamiento. En cualquier caso, estuvo protegido por su inmunidad durante sus dos mandatos presidenciales (de mayo de 1995 a mayo de 2007).
Si la cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada por el abogado Jean-Yves Le Borgne fuese aceptada por el Tribunal Correccional de París, el proceso «se paralizaría», según Le Borgne, hasta que el Tribunal de Casación decidiese si la transmite o no al Consejo Constitucional, para lo cual dispone de tres meses. Si la cuestión se transmitiese al Consejo, éste tendía otros tres meses para pronunciarse.
La acusación considera que los empleos ficticios sirvieron a intereses políticos y a los intereses del RPR y no beneficiaron a los habitantes de París, pero Chirac, que podría ser condenado a diez años de prisión y 150.000 euros de multa, ha calificado de «legítimas» las contrataciones y ha dicho que resultaron «útiles a la ciudad de París».
PROCESO EN NANTERRE
En el Tribunal Correccional de Nanterre, en el departamento septentrional de Altos del Sena, también hay un proceso abierto contra Chirac por el caso de los empleos ficticios en el Ayuntamiento parisino; concretamente, en relación con siete puestos ocupados por miembros del RPR.
Fue ese tribunal el que en 2004 condenó al ex ministro de Defensa Alain Juppé, actual ministro de Asuntos Exteriores, por malversación de fondos públicos en relación con los puestos de trabajo ‘fantasmas’.
El Ayuntamiento de París, víctima en el caso y parte civil desde 2001, no estará presente en el proceso. El Consistorio, dirigido por el socialista Bertrand Delanoe, decidió firmar un acuerdo el pasado invierno con la Unión por un Movimiento Popular (UMP), partido sucesor del RPR, y con Chirac.
La UMP y el ex presidente se han comprometido a devolver al Ayuntamiento 2,2 millones de euros (1,65 los reembolsará el partido). Según el alcalde, esta reparación «a la cual inspiran legítimamente los parisinos corresponde estrictamente al montante que aparece en la resolución de remisión del juez». La UMP ya pagó 889.000 en 2005 como compensación, de manera que el Consistorio acabaría recibiendo en total más de 3 millones de euros.
Aunque Chirac, de 78 años, goza de una gran popularidad en Francia –una encuesta de IFOP publicada el pasado julio le situaba como el político mejor valorado–, muchos ciudadanos ven este juicio como una prueba que determinará si el ex presidente recibe un trato distinto al de otros políticos que han sido acusados de algún delito.
