Los ministros de Economía de la UE tratarán de acordar este lunes un nuevo sistema de sanciones de hasta el 0,2% del producto interior bruto (que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros) para los países de la eurozona con déficit o desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias.
Las nuevas sanciones son uno de los pilares del plan de la UE para evitar que se repitan nuevas crisis de deuda. Sin embargo, los Estados miembros han descafeinado la propuesta original de la Comisión. Las multas no serán casi automáticas como defendía Bruselas, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas y se da más peso a las decisiones políticas de los ministros de Economía, que en el pasado han aprobado incumplir el Pacto de Estabilidad.
De hecho, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha avisado de que la reforma no va lo suficientemente lejos como para prevenir futuras crisis y ha pedido a la Eurocámara que endurezca las sanciones. Los Veintisiete y el Parlamento se han marcado como objetivo llegar a un acuerdo sobre la legislación en junio de este año para aplicar las nuevas multas ya en 2011
Los ministros de Economía deben todavía cerrar en su reunión de este lunes cuatro grandes temas donde persisten las diferencias. Si no hay acuerdo, se convocará un nuevo encuentro el 21 de marzo. En primer lugar, existe un amplio consenso para destinar la recaudación de las multas y de los intereses a alimentar el fondo de rescate para los países con problemas de deuda, pero todavía no ha sido confirmado por todos los Estados miembros.
Italia, uno de los países más endeudados de la UE, mantiene sus reservas sobre la propuesta de dar más peso al límite de deuda del 60% del PIB a la hora de lanzar un expediente sancionador por déficit excesivo, mientras que otros Estados miembros rechazan los mecanismos de flexibilidad que ya se han concedido al Gobierno de Roma. Tampoco hay acuerdo sobre la propuesta de iniciar los procedimientos sancionadores incluso antes de que un país supere el umbral del 3% de déficit si incumple sus compromisos presupuestarios.
Los países del este siguen reclamando que se tenga en cuenta el coste de las reformas de sus sistemas de pensiones, mientras que Alemania pretende que el superávit por cuenta corriente no sea motivo de sanción porque es menos perjudicial que el déficit, una propuesta que rechaza España.
Las nuevas sanciones se activarán en una fase temprana para prevenir que los problemas se agraven. Si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, la UE le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se le retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.
En la actualidad, el Pacto de Estabilidad ya prevé este tipo de multas para los infractores, pero nunca se han aplicado en la práctica. El momento en que se estuvo más cerca de imponerlas fue en 2003, pero Alemania y Francia, que eran los países incumplidores, paralizaron el proceso y forzaron una reforma del Pacto para flexibilizarlo.
Las sanciones se activarán de forma semiautomática a propuesta de la Comisión, ya que se prevé un mecanismo de voto inverso, lo que quiere decir que la propuesta de sanciones presentada por Bruselas se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada. No obstante, el lanzamiento de un procedimiento sancionador seguirá siendo una decisión política que dependerá del Ecofin.
Con el nuevo sistema se tendrá más en cuenta el límite del 60% de deuda previsto en el Pacto de Estabilidad y que hasta ahora se ha ignorado. Así, un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero que tiene una deuda por encima del umbral podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado una rebaja de un veinteavo de la diferencia con el umbral del 60 % durante los tres últimos años.
PROCEDIMIENTO POR DESEQUILIBRIO EXCESIVO
Aparte del procedimiento por déficit excesivo, se crea un nuevo procedimiento por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.
Este nuevo sistema de vigilancia se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea. Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en nueve indicadores: se trata del balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.
FLEXIBILIZACION DEL FONDO DE RESCATE
Los ministros de Economía tratarán además de avanzar en la flexibilización del fondo de rescate de 750.000 millones de euros para los países con problemas de deuda, tras el acuerdo alcanzado en la cumbre de líderes europeos el pasado viernes.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona acordaron reforzar la capacidad financiera del fondo y permitir que compre deuda en el mercado primario, tal y como reclamaban España y Portugal.
En la actualidad, el tramo intergubernamental del fondo de rescate (440.000 millones de euros) sólo puede prestar en la práctica 250.000 millones, ya que necesita guardar el resto como reserva para mantener su calificación crediticia. Con el acuerdo, según el cual cada país aumentará sus garantías, se llegará efectivamente a los 440.000 millones.
Por su parte, el fondo permanente que empezará a funcionar a partir de 2013 contará con una dotación de 500.000 millones de euros más la aportación del Fondo Monetario Internacional y de los países de fuera de la eurozona.
Los líderes europeos han acordado además alargar de tres a siete años y medio el plazo que tendrá Grecia para devolver su rescate y rebajarle un punto el tipo de interés (hasta el 4,2%). No obstante, Irlanda no se beneficiará de momento de la reducción de tipos porque no cumple las condiciones al no haber aceptado «un compromiso constructivo en la coordinación fiscal», según ha dicho el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
