La Comisión Europea presentará este martes medidas «concretas» para compensar a los agricultores europeos del sector hortofrutícola por las pérdidas sufridas a raíz de la crisis sanitaria y alimentaria por la bacteria ‘E.coli’, cuyo origen fue achacado inicialmente por las autoridades alemanas a unos lotes de pepinos procedentes de España.
«Puede que no haya una propuesta legislativa sobre la mesa, pero seguro discutiremos medidas concretas», ha informado en rueda de prensa el portavoz de Agricultura del Ejecutivo comunitario, Roger Waite, que no ha querido dar más detalles sobre la cuantía de las posibles ayudas ni del tiempo que sería necesario para ponerlas en marcha.
Para que los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se reúnen este martes de manera extraordinaria en Luxemburgo para tratar este asunto, puedan tomar una decisión «formal» sobre las indemnizaciones es necesario primero que Bruselas presente una propuesta legislativa. El portavoz ha dicho que es posible que tal propuesta no esté ultimada para mañana pero ha confiado en que los 27 logren un acuerdo sobre la base.
Además, ha recalcado que el consumo de frutas y verduras ha caído «en el conjunto de la UE» para evitar hablar de ayudas a un país concreto. «Se trata de un problema europeo y es necesaria una respuesta europea», ha apuntado.
Los servicios de la Comisión mantienen contactos con las distintas delegaciones para evaluar el impacto económico real de esta crisis en los agricultores de toda la Unión Europea y el martes habrá también una reunión del comité de gestión de la UE (expertos de los 27) para estimar los daños, ya que las cifras varían mucho según cada país.
El sector hortofrutícola en España ha calculado pérdidas por valor de 200 millones de euros semanales desde que se apuntó a los pepinos españoles como fuente de la contaminación. Los mercados de varios Estados miembros, entre ellos Alemania, Bélgica y Austria, cerraron sus puertas de manera parcial o total a los pepinos y otras hortalizas españolas en los primeros días de la crisis. Y Rusia ha extendido su veto a todas las frutas y verduras procedentes del mercado de la UE.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ya advirtió la semana pasada de que el margen del Ejecutivo comunitario para ayudar al sector en esta crisis era «muy limitado» pero se comprometió a estudiar las alternativas y «todas las opciones legales posibles», que beneficien tanto a los agricultores que pertenecen a agrupaciones como los que no.
Entre las compensaciones posibles, Bruselas plantea las ayudas para retirar parte de la producción del mercado que permite la Política Agraria Común (PAC) y que están cofinanciadas por los Estados miembros, si bien estarían limitadas al 5% del volumen total de producción, con cierta flexibilidad para alcanzar el 10% de la producción. Otro instrumento que estudiarán los ministros el martes son la concesión de ayudas de Estado a los agricultores.
Por otra parte, la Comisión Europea ha «tomado nota» de la posibilidad de que la fuente de la contaminación provenga de una explotación de soja en Alemania, pero está a la espera de que Berlín confirme dicha información, según otra portavoz comunitaria.
En cualquier caso, Bruselas ha dejado claro que aún confirmándose esta información no ve necesario activar el sistema de alerta europeo porque «ningún lote (de esta soja) parece haber sido exportado, ya sea al resto de la UE o a un país tercero».
FONDO ESPECIAL
Por otra parte, los ministros de Agricultura de la Unión Europea estudiarán este martes en una reunión extraordinaria en Luxemburgo la creación de un fondo «especial» para compensar al sector hortofrutícola europeo, por las pérdidas sufridas a raíz de la crisis de la bacteria ‘E.coli’.
La hipótesis que se baraja es la de crear un «fondo especial para una situación especial» a imagen de las ayudas especiales que se dieron para los productores de leche en 2009 o para los afectados por la crisis de dioxinas en Irlanda en 2008, según han adelantado fuentes comunitarias, que no han dado detalles sobre el monto con el que se podría dotar al fondo. Se espera que los Estados miembros presenten sus estimaciones de los daños y que el debate se centre en «cómo y cuánto» se pude ayudar, han apuntado otras fuentes europeas.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, advirtió la semana pasada de que los instrumentos de que dispone la UE para apoyar a los agricultores en esta crisis son «limitados», pero se comprometió a examinar «todas las opciones legales» para plantear soluciones más allá de las previstas por la Política Agraria Común (PAC) –para retirar parte de la producción del mercado, hasta un máximo del 5% del volumen total– y de las subvenciones públicas.
En el caso de las ayudas de la PAC el problema es que la gestión de estos apoyos depende en general de las organizaciones agrarias (que en España agrupan al 32% de los agricultores), lo que dejaría fuera a los productores independientes. Además, son subsidios cofinanciados al 50% entre Bruselas y los Estados miembros. En cuanto a las subvenciones públicas, la UE fija un tope de 7.500 euros en tres años como máximo para las ayudas que no requieren notificación previa a Bruselas.
Fuentes comunitarias reconocen que se trata en cualquier caso de cantidades muy inferiores a las pérdidas declaradas por el sector hortofrutícola europeo y por ello admiten la necesidad de explorar otras alternativas. Sólo en España, el sector ha calculado sus pérdidas en 200 millones de euros semanales, mientras que otros países como Francia, Países Bajos y Bélgica han visto caer sus ventas entre un 50 y un 90% desde que comenzó la crisis.
Los mercados de Alemania y otros países de la UE se cerraron en un principio a las frutas y verduras españolas por la alarma creada al señalar erróneamente unos lotes de pepinos andaluces como origen del brote y ahora Rusia ha vetado la entrada de cualquier producto hortofrutícola europeo a su territorio.
España ha dejado claro en el seno de la UE el «malestar profundo» por la gestión «irresponsable» que han hecho las autoridades alemanas de esta crisis y ha exigido «compensaciones» de las arcas comunitarias por los «graves daños» que han sufrido los agricultores. La propia canciller alemana, Angela Merkel, y la Comisión Europea se han mostrado partidarios de indemnizaciones comunitarias para los agricultores afectados en «el conjunto de la UE».
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, asiste a la reunión y exigirá a la UE resarcir «al 100%» los daños sufridos por los productores españoles a causa de la crisis, según adelantó el lunes.
Además del debate con el comisario Ciolos, los ministros de Agricultura recibirán de la ministra del ramo alemana la última información sobre las investigaciones para detectar el origen de la contaminación. Los análisis preliminares realizados a los últimos sospechosos -brotes de soja producidos en Baja Sajonia Sajonia– han resultado negativos y persiste la incógnita sobre la fuente del brote.
También asiste a la reunión el comisario de Salud y Protección al Consumidor, John Dalli, que este lunes se ha reunido con los responsables europeos de Sanidad y ha defendido la eficacia del sistema europeo de alerta. En su opinión este mecanismo no necesita ser reformado, aunque se ha mostrado favorable a realizar «ajustes» para que en el futuro la alerta se active en base a lo que exijan los datos científicos y «no por cualquier declaración».
