El Gobierno italiano ha aprobado este viernes, durante un Consejo de Ministros convocado de urgencia, un plan económico con el que el país transalpino pretende ahorrar 45.000 millones de euros hasta 2013 y tras cuya ratificación el primer ministro, Silvio Berlusconi, ha dicho que su corazón «sangra» aunque se trate de una medida «necesaria».
En concreto, el Ejecutivo central adoptará medidas por valor de 20.000 millones de euros en 2012 y por valor de otros 25.000 millones al año siguiente mediante la combinación de recorte del gasto público y las subidas de impuestos.
Recortará la financiación a los gobiernos locales y regionales en 6.000 millones de euros en 2012 y en 3.500 millones de euros en 2013, mientras que los presupuestos de los ministerios se reducirán en 6.000 millones el próximo año y en 2.500 millones en 2013.
El Gobierno obtendrá los 8.000 millones de euros restantes para cumplir su objetivo con medidas que entrarán en vigor en 2012 como una subida del IVA, un «impuesto solidario» a las rentas más altas y un incremento de la edad de jubilación.
Berlusconi ha defendido al término del encuentro –de dos horas– que las medidas aprobadas siguen la dirección solicitada por el Banco Central Europeo. Italia pretende mostrar señales antes los mercados financieros de que puede controlar su deuda pública, que equivale al 120% del PIB.
Para el primer ministro se trata de una decisión «equilibrada» adoptada ante una crisis «global» que «también ha afectado a los Estados». En un tono conciliador, ha tendido la mano hacia la oposición diciendo que las medidas están «abiertas a modificaciones» durante su debate en el Parlamento, donde deben recibir la luz verde en un plazo de 60 días.
El ministro de Economía, Giulio Tremonti, ha admitido que las reformas aprobadas en julio han resultado no ser suficientes y ha hecho hincapié en que se trata de una situación «de necesidad y urgencia». La meta, ha apuntado, debe ser llegar a un presupuesto «equilibrado». Tanto Tremonti como Berlusconi se han encargado de dejar claro de que estos recortes no tocarán salud, educación, investigación, cultura o política penitenciaria, entre otros sectores.
