El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ha concluido con algunas críticas su reciente visita a Alemania, en particular sobre el sistema de detención preventiva que utilizan sus autoridades para mantener entre rejas a personas consideradas como un «peligro para la sociedad».
Durante su visita a centros de detención, el equipo de Naciones Unidas entrevistó a varias personas que permanecían bajo un régimen de arresto preventivo que podría derivar en periodos de detención indefinida. Asimismo, se han reunido con representantes de las administraciones federales y estatales, fiscales, jueces y responsables de prisiones.
Tras estos contactos, han instado a las autoridades germanas a «asegurar que su marco institucional y legal relativo a la privación de libertad cumple plenamente los estándares de Derechos Humanos contemplados en las leyes (alemanas) y en los tratados internacionales», según informan en un comunicado.
«La detención preventiva viola la prohibición de castigos penales retroactivos, particularmente cuando este castigo no fue previsto en la sentencia del convicto», ha explicado el jefe del grupo de trabajo, El Hadji Malick Sow.
Por su parte, otro de las integrantes, Mads Andenas, ha citado como ejemplo los casos de arresto preventivo detectados sobre personas que tienen desórdenes sociales porque, según ha dicho, incumplen las normas nacionales e internacionales.
En este misma línea, Shaheen Sardar Ali, que también integra el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, ha señalado que la detención de extranjeros acusados de entrar ilegalmente en su país, así como las duras sentencias impuestas a este colectivo, lleva a cuestionar «la proporcionalidad» de las actuaciones. Ha pedido al Gobierno que «remedie» esta situación y ha solicitado que los inmigrantes sean trasladados a centros específicos y no a prisiones comunes.
Como puntos favorables del sistema de arrestos en Alemania, la misión ha citado la creación de una comisión responsable de investigar a los policías sospechosos de mala praxis y la eliminación de que profesores o trabajadores de hospitales estén obligados a revelar la identidad de hijos de extranjeros en situación irregular.
El grupo presentará en marzo del próximo año al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el informe definitivo sobre su viaje a Alemania.
