La masiva manifestación del lunes contra la nueva Constitución húngara es el inicio de una campaña de rebelión contra el Gobierno conservador, dijo hoy Tibor Szanyi, miembro de la directiva del Partido Socialista (MSZP).
Szanyi aseguró a Efe que la protesta de ayer fue «una de las más grandes en Hungría desde la caída del Telón de Acero», y ha servido para dar valor a la gente.
Decenas de miles de personas, unas 100.000 según los convocantes, participaron en la manifestación contra la recién estrenada Constitución, en las que sus críticos ven un instrumento para perpetuarse en el poder del partido conservador Fidesz, que controla dos tercios del Parlamento.
Esa alta participación en una protesta convocada por decenas de organizaciones civiles y partidos demuestra que, según Szanyi, cada vez más personas quieren «cambiar de gobierno y de régimen».
Hoy mismo se celebrará otra protesta contra la nueva Carta Magna, convocada por el Movimiento Manos Limpias, formado por periodistas que mantienen una huelga de hambre desde hace tres semanas por un caso de manipulación en la televisión pública.
Además, el Partido Socialista, la segunda fuerza parlamentaria, ha convocado una nueva manifestación para mediados de febrero y anuncia una cadena de protestas.
Gergely Karácsony, de la directiva del ecologista LMP, indicó a Efe que la manifestación de ayer ha abierto la caja de Pandora de la paciencia ciudadana ante las políticas del Fidesz, que en abril de 2010 ganó las elecciones con el 52 % de los votos, tras ocho años de gobiernos socialdemócratas.
Según una encuesta de intención de voto del pasado diciembre, la popularidad del Fidesz ha caído al 20 %.
Pese a la profunda división entre la oposición, Karácsony aseguró que el creciente malestar muestra que hay un «mínimo de acuerdo» y un objetivo común: el de derribar al actual gabinete.
Aunque los ecologistas no planean organizar próximamente manifestaciones, Karácsony adelantó que el partido quiere llevar a referéndum temas como la anulación de la jubilación anticipada o la reforma laboral. «Hay que diluir la apatía de la gente», afirmó.
La principal crítica a la nueva Carta Magna es que restringe la separación de poderes, al politizar la judicatura y limitar la independencia y competencias del Tribunal Constitucional y otras instituciones fundamentales del Estado, como el Banco Central.
Las normas de rango constitucional que asientan la Carta Magna podrán modificarse a partir de ahora sólo con una mayoría de dos tercios de los diputados, lo que dificulta las enmiendas.
