El político se ee enfrenta a dos años de cárcel
Un país capaz de pasar del mayor desarrollo al estancamiento económico; capaz de reiventarse para dejar atrás una economía basada en la pesca apostando por el software y la biotecnología; capaz de plantar cara a los inversores holandeses y británicos negándoles en reférendum el pago de los depósitos perdidos en su crak financiero.
Ahora, Islandia resucita una corte especial, Landsdómur, que no ha actuado nunca desde su creación en 1905 para sentar en el banquillo a su exprimer ministro Geir Haarde por desoír las advertencias en 2008 de que el sistema financiero nacional iba directo a la bancarrota.
Haarde afronta hoy un juicio por su presunta actuación negligente en el colapso bancario sufrido por su país en octubre de 2008 y en el que se arriesga a una pena de dos años de cárcel.
El conservador Haarde, de 61 años y primer ministro entre 2006 y 2009, está acusado de violar la ley sobre la responsabilidad de los ministros y de desoír las advertencias que recibió en su momento acerca de una inminente crisis de los principales bancos islandeses.
Durante su gestión, quebraron los tres mayores bancos del país, lo que provocó la intervención del FMI que inyectó 10 mil millones para estabilizar su moneda.
Al líder conservador, depuesto tras las protestas populares, le acusan de no haber actuado para evitarlo. La defensa de Haarde cree que es un proceso político, pide pruebas de que su no intervención provocó el colapso ya que, dice, el político no tenía poder para modificar la actuación de los bancos.
El apoyo popular al proceso parece haber disminuido: hace un año dos de cada tres islandeses se mostraban a favor, pero los últimos sondeos reflejan un empate entre partidarios y opositores.
El tribunal puede condenarle hasta a 2 años de prisión. Hay múltiples procesos abiertos en Islandia debido a la crisis de 2008, pero hasta ahora no se ha condenado ni a banqueros ni a políticos, sólo a cuatro ciudadanos por actuaciones ilegales durante las protestas.
Que Haarde sea el único político procesado ha generado críticas a ambos lados del espectro político, así como el polémico papel de los socialdemócratas, que formaban parte de su coalición de gobierno y ahora dirigen el país junto con el Movimiento de Izquierda Verde.
Algunos señalan también a David Oddsson, primer ministro conservador entre 1991 y 2004 y principal impulsor de la política neoliberal que acabó colocando a Islandia al borde la bancarrota.
Y aunque el fiscal especial ha abierto decenas de casos por corrupción contra directivos -como la cúpula del que era el primer instituto crediticio del país, el Kaupthing-, los dueños de los bancos no se han visto afectados.
Pese a las investigaciones y los procesos en marcha, la primera condena vinculada a la crisis no fue a banqueros ni políticos: un tribunal sentenció el año pasado a cuatro ciudadanos a penas menores por entrar de forma ilegal en el Althingi en las protestas populares de fines de 2008, que provocaron la caída del Gobierno de Haarde.
El proceso contra el antiguo primer ministro reunirá a algunas de las principales figuras políticas del país: entre los cerca de 60 testigos figuran Jóhanna Sigurdardóttir, el ministro de Finanzas y líder «rojiverde», Steingrímur J. Sigfússon; y el propio Oddsson, que ha dicho que hará todo lo posible por ayudar a su amigo Haarde.
La defensa se centrará en que Haarde no podía intervenir en la actividad de los bancos y que la Fiscalía debe demostrar que efectivamente sus decisiones llevaron al crac bancario.
El juicio se desarrollará en un clima político enrarecido, mientras el Gobierno negocia la adhesión a la Unión Europea (UE), a la que se oponen cerca de dos tercios de la población, y con las elecciones generales de 2013 en el horizonte.
