Como cada mañana, Elliot Dearlove salió al recreo junto a sus compañeros de la escuela primaria Griffin, en la ciudad inglesa de Hull.
Los niños jugaban, corrían y gritaban. Lo normal en cualquier patio de colegio. Todo iba bien hasta que una profesora que vigilaba a los alumnos escuchó algo que le hizo encender todas las alarmas.
Fue una pregunta que Elliot, de 7 años, le había hecho a un compañero suyo:
«¿Eres moreno porque eres de África?».
La profesora consideró que aquello era un caso de racismo y llamó a casa del chico para explicar que el pequeño había participado en un acto racista. La madre, Hayley White, no daba crédito a lo que estaba escuchando.
«Pero ¿cómo va a ser mi hijo racista si ni siquiera sabe el significado de esta palabra?», le reprochó indignada.
La directora del centro, Janet Adamsonla, se justificó diciendo que la ley les obliga a registrar sin excepción los incidentes susceptibles de tener una connotación racista tal y como se hace en los colegios del Reino Unido.
Una especie de prisión
No acabó ahí la indignación de la sufrida mamá, pues las autoridades del colegio la instaron a firmar un documento en el que se reconocía que su hijo había tenido un comportamiento racista.
Hayley no solo desechó aquel papel, sino que solicitó a las autoridades públicas inglesas que cambiaran a su hijo de colegio.
Ni siquiera Nicolla Allen, la madre del niño de color, respaldó la actuación de la escuela:
«En ningún caso mi hijo se ha sentido ofendido por la pregunta de Elliot, lo malo es que ahora hay gente que va diciendo que yo le he llamado racista».
El de Elliot no es un caso aislado: que se lo digan al matrimonio que discutió con una ciudadana británica convertida al islam en el hotel que estos tenían en Aintree (Inglaterra).
La huésped, Erica Tazi, aseguraba que su nueva religión era mejor que la cristiana. En mitad de la disputa, Ben y Sharon Vogelenzang, los dueños del hotel, le dijeron a Erica que Mahoma era un señor de la guerra y la vestimenta de una mujer musulmana, una especie de prisión.
La joven no encajó bien las opiniones del matrimonio cristiano y los denunció.
La demanda llegó en un momento (2009) en el que la legislación británica se había vuelto más proclive a condenar las opiniones que tuvieran que ver con la religión.
Bajo esa premisa había surgido tres años antes la Ley de Odio Racial y Religioso, la cual considera odio «cualquier hecho percibido por la víctima u otra persona motivado por odio o prejuicio».
Ben y Sharon Vogelenzang fueron arrestados y acusados de una ofensa al orden público agravada por el hecho religioso.
Sacerdotes atacados
Por si no fuera poco, el matrimonio cristiano tuvo que soportar el perjuicio económico que se produjo a causa del proceso: un hospital cercano rompió el acuerdo con el hotel por el cual este alojaba a los pacientes de aquel.
Esto supuso la pérdida del 80 % de la clientela antes incluso de que un tribunal dictara sentencia. Un año después el juez del distrito Richard Clancy desestimó el caso y declaró inocentes a Ben y a Sharon Vogelenzang.
Tarde, pues el daño ya estaba hecho: la falta de clientes precipitó poco después el cierre del hotel en septiembre de 2010.
Hay más casos sorprendentes, como el del líder del British National Party, Nick Griffin. Un día su partido convocó una manifestación en el centro de la ciudad inglesa de Burnley.
A escasos metros, pasó un coche cuyo conductor, Tauriq Khalid, dirigió un gesto despectivo con los dedos índice y corazón (el equivalente a una ‘peineta’ española) al líder del partido.
El gesto fue acompañado de un insulto:
«Que te jodan, vete fuera de Burnley». Hasta ahí, lo que el conductor musulmán reconoció ante la policía.
Cuando Nick Griffin declaró ante el tribunal, su versión de los hechos fue distinta de la de Khalid. El líder del partido de la derecha extrema británica aseguró que el musulmán le dedicó un comentario racista («blanco bastardo») y que además le amenazó de muerte con un gesto en el que simulaba una pistola.
Tauriq Khalid negó los hechos y el tribunal le creyó, descartando que hubiese odio racial. Griffin cree que la decisión se debe a que las instituciones británicas «hacen todo lo posible por no admitir que los ingleses también puedan ser víctimas del racismo».
Desde hace tiempo es habitual ver en el Reino Unido barrios convertidos en guetos en los que prácticamente solo habitan inmigrantes, en muchas ocasiones de origen musulmán.
Los ingleses blancos que aún viven en estas zonas son a menudo objeto de las iras de sus vecinos. Algo que recuerda al viejo sistema dhimmi -así denominaban a los cristianos y judíos que vivían en la Edad Media en territorio musulmán como ciudadanos de segunda-.
La derrota en los tribunales de Nick Griffin no hizo sino aumentar las sospechas de aquellos que señalan que en Gran Bretaña hay una nueva inquisición.
Es así como Jon Gower Davies titula un libro en el que recoge algunos de los casos más escandalosos de persecución religiosa y corrección política sucedidos en los últimos años en las islas británicas.
Un trabajo así podría firmarlo el propio Griffin (el suyo aparece en el libro), quien también es una de las voces críticas contra la corrección política.
«Los cristianos están siendo perseguidos. Los ayuntamientos de izquierdas y los jueces les niegan el derecho a mostrar la cruz, y las iglesias y sacerdotes son atacados por bandas de matones en los barrios musulmanes. Esto va a peor».
El anuncio de Groupama
Esta persecución religiosa en las islas británicas fundamentalmente va dirigida en una misma dirección. El 28 de febrero de 2011 dos jueces de la High Court en Londres negaron a un matrimonio la posibilidad de adoptar niños en razón de sus creencias (cristianos).
En la sentencia argumentaban que los padres rechazaban «el estilo de vida homosexual», algo que fue definitivo en la decisión judicial.
Los magistrados que firmaron la sentencia, Munby y Beatson, explicaron que su decisión se basaba en la Ley de Igualdad y Orientación Sexual aprobada en 2010 por el Gobierno de Gordon Brown.
Basándose en dicha norma argumentaron que las autoridades pueden exigir «una actitud positiva» hacia el estilo de vida homosexual, algo en manifiesta contradicción con las creencias cristianas.
Para estos jueces el rechazo del estilo de vida homosexual «genera un conflicto con el deber de la autoridad de salvaguardar y promover el bienestar de los niños».
El tribunal añadió que en caso de conflicto entre las creencias y la ley, serán las leyes sobre igualdad -en cuanto a orientación sexual- «las que deben prevalecer».
Además, esta sentencia obligó a cerrar las agencias católicas de adopción, como la de Catholic Care en agosto de 2010, debido a la negativa de estas a que las parejas homosexuales adoptaran.
La última ofensiva de los partidarios de lo políticamente correcto se ha dirigido contra el futbolista español del Liverpool, Pepe Reina.
El portero fue acusado de racista por protagonizar un anuncio de la compañía de seguros Groupama en el que se mostraba al jugador presentado ante una tribu negra como «gran hombre blanco».
El jefe de la tribu le decía que él era el rey y que el futbolista era la reina, a lo que este respondía con el eslogan utilizado en otras campañas publicitarias de la empresa aseguradora:
«Me siento seguro».
Suficiente para que el director de la ONG Operación Voto Negro, Simon Woolley, reprochara la participación de Reina en el anuncio.
«El portero del Liverpool ha vivido en el Reino Unido durante casi una década, ¿piensa que está bien caracterizar así a los negros? ¿Cree que sus compañeros negros se ríen de una broma más propia de los años cincuenta?».
Como en otras ocasiones, la presión ejercida tuvo consecuencias: a los pocos días el anuncio de Groupama fue retirado. Otro gol de los partidarios de la corrección política.
NOTA.- Leer artículo original en ‘La Gaceta‘
