No es un corralito como el que se implantó en Argentina, pero lo han interpretado como una confiscación de sus bienes
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No hay precedentes en la historia de la Unión Europea de una medida como la impuesta este 16 de marzo de 2013 por el FMI y el Eurogrupo a Chipre.
El acuerdo, suscrito de madrugada del sábado, tras una tensa y dramática negociación, incluye la insólita e increíble exigencia de que los chipriotas vean confiscados una parte de los ahorros que tienen depositados en los bancos, una condición que jamás se había impuesto a ninguno de los países rescatados desde el comienzo de la crisis.
En concreto, el Estado chipriota se quedará con el 6,75% de los depósitos inferiores a 100.000 euros y, a partir de esa cifra, con el 9,9%. Con ello, se recaudarán 5.800 millones de euros, que serán invertidos en el saneamiento de las entidades financieras.
Se trata de un requisito impuesto por el Gobierno de Angela Merkel, que probablemente quiere dejar patente ante el electorado alemán que los ciudadanos chipriotas van a tener que contribuir con sus ahorros al saneamiento de los bancos a cambio de los 10.000 millones que el país va a recibir de la UE.
El trato a Chipre es discriminatorio porque, cuando en noviembre de 2010, la Eurozona acordó conceder una línea de crédito a Irlanda de 90.000 millones de euros, el Gobierno de Dublín inyectó dinero en los bancos y se hizo con su propiedad, pero no se optó por penalizar a los depositantes.
Las medidas impuestas a Chipre son una injusticia flagrante porque sería comprensible castigar al Gobierno de Nicosia, a los accionistas de los bancos y a los gestores que han provocado el desastre, pero no a todos los depositantes, que no tienen ninguna culpa de que no se corrigieran a tiempo los elevados tipos de interés con los que se atrajeron a los capitales rusos que entraron en el país.
Confiscar una parte de sus ahorros viola el principio de seguridad jurídica y dinamita la confianza en las instituciones financieras.
Por el contrario, los derrochadores o incluso los inversores chipriotas con cuentas en el extranjero se librarán de pagar esta especie de impuesto improvisado, lo cual supone un agravio comparativo.
Pero además las reglas del rescate violan los propios compromisos de la Unión Europea, que, cuando estalló la crisis en 2008, adoptó la decisión de garantizar todos los depósitos bancarios. Ello obligó a algunos países como España a elevar la cantidad estipulada por ley.
La inevitable consecuencia de esta imposición al Gobierno chipriota -que se tiene que concretar en las próximas horas a través de una ley del Parlamento- supondrá la creación de un corralito que impida una estampida masiva de capitales cuando las entidades financieras vuelvan a operar el martes próximo.
De hecho, ayer los pocos bancos que abrieron tuvieron que cerrar y los cajeros quedaron bloqueados ante la impotencia de decenas de miles de ciudadanos que querían retirar dinero.
Es verdad que el PIB de Chipre sólo supone el 0,2% del de la Eurozona y que, por tanto, el impacto de este rescate será muy pequeño en términos macroeconómicos. Pero la confiscación de los depósitos lanza un mensaje de desprotección que sí puede tener serios efectos sobre los ahorradores de otros países, entre ellos, España.
Alemania, que no tiene problemas de financiación, ha cometido un grave error al imponer una medida que sólo puede contribuir al descrédito de la UE y a sembrar la desconfianza de sus ciudadanos en el futuro.
Muchos españoles se estarán preguntando hoy mismo si lo sucedido en Chipre puede pasar aquí.
No parece probable porque nuestro sistema financiero es mucho más sólido y porque España tiene un peso infinitamente superior que Chipre en la Eurozona, pero ello sólo contribuye a resaltar el trato humillante que se ha dado a sus habitantes.
La UE ha elegido la peor opción al hacer una apabullante exhibición de fuerza frente a un pequeño país de 800.000 habitantes. Ése no es el camino para avanzar en la construcción de Europa, es una vía de autoritarismo y abuso que no lleva a ninguna parte.
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