La conclusión estaba clara: es preciso proteger a los colectivos homosexuales en la Directiva Europea de Igualdad de Trato
En las instituciones europeas trabaja un lobby el ILGA: International Lesbian and Gay Association. Es la marca formal del lobby gay. Actúa cerca de las distintas agencias de la Unión para obtener encargos específicos de estudios e informes que se convierten después en recomendaciones para la Comisión.
Acompañadas de un coro mediático, las recomendaciones terminan en directivas, normas de rango legal que los estados miembros deben cumplir.
Y esto probablemente acabará ocurriendo con el último estudio encargado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales sobre igualdad y no discriminación, según el cual es preciso combatir la homofobia en toda Europa, porque los homosexuales padecen graves discriminaciones. Y este estudio va a ser la base de la próxima Directiva Europea de Igualdad de Trato.
El estudio lo ha hecho la ILGA y se ha embolsado por ello un total de 370.000 euros. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales es un órgano oficial de la UE que atiende a los problemas de carácter social vinculados con los derechos de las personas.
Para funcionar, la agencia delega trabajos y discusiones en distintos organismos civiles, en este caso, la Fundamental Rights Platform (FRP), una red de asociaciones de toda Europa. La FRP mantiene reuniones periódicas en las que elabora memorandos y aconseja medidas a la agencia. En la red hay muchas entidades, y de todo género.
En una sesión dedicada a la igualdad y la no discriminación, se presentó un informe de la ILGA, es decir, del lobby gay. El informe señalaba cosas alarmantes: por ejemplo, 93.000 casos documentados de discriminación «homófoba» en Europa, de las que un 25% incluían agresiones físicas.
La conclusión estaba clara: es preciso proteger a los colectivos homosexuales en la Directiva Europea de Igualdad de Trato. Protección que, como es sabido, incluye siempre medidas de «discriminación positiva», limitaciones a la libertad de expresión e incluso creación de figuras delictivas singulares. Y por supuesto, introducción de argumentaciones homosexualistas en la enseñanza.
«La realidad -denuncia Profesionales por la Ética, que forma parte de la FRP europea- es que numerosos expertos y asociaciones civiles han denunciado la falta de rigor en la metodología y análisis de los datos del estudio, además de la escasa coherencia estadística respecto a las denuncias policiales».
En efecto, los datos del informe de la ILGA son altamente cuestionables.
Para empezar, el estudio se base en datos no verificables remitidos por personas anónimas que se declaraban gays, lesbianas, transexuales o bisexuales sin que hubiese, además, ningún control en la recepción de las respuestas que evitase varias respuestas de una misma persona. Es decir que, en términos demoscópicos, el informe carece de validez alguna.
Por otra parte, sólo gays y lesbianas podían responder a las preguntas del cuestionario en el que se basa el estudio y, por supuesto, las preguntas se hacían de manera tal que resultaba difícil que las respuestas no se ajustasen a los objetivos de demostrar la discriminación hacia los homosexuales. O sea que el estudio estaba elaborado de tal manera que el método condicionaba de antemano los resultados.
El asunto ha generado un pequeño terremoto en las instituciones europeas. Los eurodiputados eslovacos Mikolasik y Zaborska, acompañados por su colega polaco Szymanski, han entregado en el Parlamento una pregunta escrita sobre la competencia legal de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales para discutir y promocionar una directiva europea en una reunión de las asociaciones civiles.
Los eurodiputados creen que las directivas deberían ser cosa del legislativo europeo, es decir, el Parlamento. Pero es que en Eslovaquia y Polonia desconocen cómo funciona el lobby gay. Todavía.
Los eurodiputados del este no son los únicos alarmados.
«Numerosas asociaciones civiles y ONG miembros de la FRP -señala Profesionales por la Ética, que forma parte de la plataforma- también contemplan atónitos cómo la única reunión anual de esta institución se dedica casi en exclusiva a un asunto que ni es de su competencia ni sobre el que hay consenso entre los estados miembros, mientras se olvida discutir muchos otros asuntos relacionados con los derechos fundamentales».
Capítulo aparte es el coste, esos 370.000 euros en unas asociaciones crónicamente afectadas por la carencia de medios:
«Es un escándalo -dice Leonor Tamayo, responsable de este área en Profesionales por la Ética- que se utilice el dinero público para realizar un estudio para algo que no le compete y que muestra un descarado sesgo ideológico. No se puede consentir que se convierta a la FRP en trampolín de lanzamiento para la manipulación ideológica y en un jugoso y rentable instrumento en manos del lobby gay europeo para desarrollar su estrategia política de promoción de una legislación que les sitúe en una posición de privilegio a través de la Directiva de Igualdad de Trato».
El lobby gay ha vuelto a ganar, se ha embolsado una buena cantidad por un informe parcial y, además, ha elevado a las instituciones sus reclamaciones. Habrá que ver si alguien puede parar este desatino cuando se tramite la Directiva de Igualdad de Trato.
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