Las autoridades rusas han advertido a los 30 activistas de Greenpeace detenidos en septiembre 2013 tras una protesta contra las perforaciones petroleras en el Artico que «no pueden abandonar el país», según la organización ecologista.
El Comité de Investigación ruso (la policía federal del país) se lo ha transmitido a una de las imputadas, la danesa Anne Mie Jensen, pero los abogados de la ONG temen que la medida afecta a todos. Aunque fueron puestos en libertad el noviembre 2013, se enfrentan a cargos de vandalismo que les puede costar hasta siete años de prisión.
Greenpeace se queja de que esta decisión contraviene la tomada en noviembre 2013 por el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, que había ordenado a Rusia que permitiera a los 30 del Ártico, como se conoce al grupo, abandonar el país inmediatamente. Además, reclamaba que se liberase el barco de la ONG, el Arctic Sunrise, asaltado por el Ejército ruso durante la protesta, tras el pago de una multa de 3,6 millones de euros.
El Gobierno holandés pagó dicha cantidad el 29 de noviembre 2013, según Greenpeace, pese a lo cual Rusia no ha cumplido. «La Federación Rusa está violando actualmente una orden vinculante de un tribunal internacional», ha denunciado el asesor legal de Greenpeace, Daniel Simons.
A mediados de diciembre 2013, los abogados de los detenidos pidieron visados con el fin de que «pudieran abandonar Rusia y regresar si eran convocados por las autoridades». La petición se había cursado al Comité de Investigación para que este la transmitiera a su vez al Servicio Federal de Migraciones, pero en la carta remitida a la activista danesa el órgano policial rechaza realizar el trámite.
