La propuesta, del partido liberal del primer ministro Lars Lokke, ha obtenido 81 votos de los 109 presentes, contando con el apoyo de los socialdemócratas -el principal partido de la oposición
El Parlamento danés ha aprobado este 26 de enero de 2016 un paquete de medidas para ‘desvalijar‘ a los refugiados que buscan asilo, confiscando sus objetos de valor con los que pagar su estancia.
El argumento es que los ciudadanos daneses que solicitan ayuda deben probar que carecen bienes o de otros medios para vivir.
La propuesta, del partido liberal del primer ministro Lars Lokke, ha obtenido 81 votos de los 109 presentes, contando con el apoyo de los socialdemócratas -el principal partido de la oposición- además del bloque de centroderecha, que suman en total casi tres cuartos de la Cámara.
Por su parte, 27 diputados han votado en contra y uno se ha abstenido.
La reforma de la ley de extranjería, que incluye una treintena de medidas, ha estado rodeada de controversia desde su presentación en noviembre, lo que ha obligado al Gobierno a cambiar hasta dos veces la normativa sobre confiscaciones, una práctica que ya emplean Suiza y varios estados federados alemanes como Baviera y Baden-Wurtemberg.
La propuesta final de esa normativa, bautizada como Ley de las Joyas, excluye objetos «de valor afectivo especial» y triplica hasta 10.000 coronas danesas [1.340 euros] el valor mínimo de otras pertenencias y de dinero en efectivo que pueden ser confiscadas.
«El Gobierno no quiere quitarle sus joyas a los solicitantes de asilo», ha dicho el portavoz liberal Jacob Ellemann-Jensen, que ha acusado a diputados de las formaciones de izquierda críticos con la ley, de perjudicar la reputación de Dinamarca en el exterior.
Tanto Ellemann-Jensen como el portavoz socialdemócrata, Dan Jørgensen, han defendido la «necesidad» de la nueva legislación, que reduce también las prestaciones a los peticionarios, para asegurar su integración y no poner en riesgo el sistema de bienestar danés.
El ultranacionalista Partido Popular Danés, primera fuerza del centroderecha, ha considerado que la aprobada ley es un «paso en la dirección correcta», y ha pedido endurecer aún más las leyes y el control fronterizo para limitar sobre todo la inmigración de países musulmanes.
Johanne Schmidt Nielsen, líder de la rojiverde Lista Unitaria -cuarta fuerza parlamentaria- ha acusado al Gobierno de hacer «política simbólica» para «atemorizar a los solicitantes de asilo y aislarlos en la pobreza».
Por su parte, Ulla Sandbæk, de la centrista La Alternativa, ha criticado que se los «estigmatice» y convierta en «sospechosos».
Los grupos contrarios a la nueva ley reiteraron su preocupación porque Dinamarca pueda violar las convenciones europeas de derechos humanos al endurecer el acceso a la reagrupación familiar hasta tres años, un peligro del que también han alertado asociaciones de abogados y varias ONG como Amnistía Internacional.
«Nunca habríamos presentado un proyecto de ley si creyéramos que viola las convenciones», ha dicho al final del debate la ministra de Integración, Inger Støjberg, aunque también ha admitido que se encuentra «en el límite».
Dinamarca, que implantó a comienzos de año controles fronterizos provisionales, recibió en 2015 a 21.000 solicitantes de asilo, un tercio más que en 2014 y un cifra inferior a la del resto de países escandinavos, sobre todo Suecia, que con 163.000 peticionarios presenta la más alta de la Unión Europea.
