El Gobierno de Turquía ha abierto este 17 de agosto de 2016 la vía para dar la libertad condicional a 38.000 presos, que dejarían espacio en las saturadas cárceles del país a los más de 20.000 detenidos tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio.
Un decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado al amparo del estado de emergencia, modifica dos provisiones en la ley penal para permitir la salida en libertad condicional de numerosos presos, ha explicado el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una serie de 19 mensajes de Twitter.
Por una parte, si antes podía beneficiarse de la libertad condicional todo preso al que le quedara solo un año de pena por cumplir, ahora se extiende esta medida a los dos últimos años de la sentencia.
Por otra parte, antes podían acogerse a la liberación anticipada quienes habían cumplido dos tercios de su condena, mientras que ahora se abre esta opción a quienes han cumplido la mitad.
Estas dos medidas posibilitarán la salida en libertad condicional de unos 38.000 presos, especificó Bozdag, subrayando que no se trata de una «amnistía» sino de un cumplimiento de la condena fuera de la prisión.
De esta medida se excluyen todos los reos de una decena de delitos: homicidio premeditado, agresión con resultado de heridas graves a familiares o discapacitados, agresiones sexuales, atentado contra la privacidad, tráfico de drogas, atentado contra la seguridad del Estado, contra la Constitución, la defensa nacional o los secretos del Estado, y finalmente todos los juzgados bajo la ley antiterrorista.
Además, sólo se puede aplicar a personas condenadas por delitos cometidos antes del 1 de julio pasado, concretó Bozdag.
La medida parece responder a la necesidad de hacer hueco en las ya de por sí saturadas cárceles del país, para acomodar a las más de 23.000 personas detenidas a consecuencia del fallido golpe de Estado del 15 de julio pasado. Aunque inicialmente se había arrestado a 35.000 personas, unas 11.000 han vuelto a ser liberadas, y actualmente hay algo más de 17.000 en prisión preventiva mientras que otras 5.600 aún esperan la decisión de un juez.
Al amparo del estado de emergencia, la policía tiene hasta 30 días para llevar a un detenido ante el tribunal que debe confirmar o anular su detención preventiva. En muchos casos «se ha metido a seis o nueve detenidos en celdas de diez metros cuadrados, pensadas para un preso», ha asegurado un abogado de los acusados, Efkan Albayrak.
Otros muchos se hacinan en polideportivos, dependencias policiales y hasta establos, según ha denunciado la organización Amnistía Internacional.
El opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata) ha venido denunciando la saturación de las prisiones turcas y el enorme incremento de la población carcelaria.
Desde el año 2000, cuando había 49.500 presos, la población carcelaria ha subido hasta los 179.600 censados en enero pasado, multiplicándose por 3,5, mientras que la población de Turquía sólo ha crecido un 24% en el mismo periodo, según han declarado a Efe diputados del CHP. Además de las detenciones, el Gobierno ha purgado a decenas de miles de funcionarios públicos por su supuesta vinculación con la cofradía de Fethullah Gülen, a quien el Ejecutivo acusa de instigar la asonada.
Por otro lado, unos 13.000 funcionarios turcos deberán devolver sus salarios de los últimos seis años por acceder a sus cargos en una oposición supuestamente manipulada por simpatizantes del predicador islamista Fethullah Güllen, acusado por el Gobierno de estar detrás del fallido golpe de Estado de julio pasado.
Según informa hoy el diario opositor «Cumhuriyet», los seguidores de Gülen habrían recibido de antemano las preguntas y respuestas del examen, efectuado en 2010.
