¿Pedirá Baltasar Garzón la detención del tirano como pidió la de Pinochet?

La UE no reconoce la ‘Prostituyente’ y adoptara sanciones contra el dictador Maduro

Los países de la Unión Europea piden a Maduro que tome 'medidas urgentes para rectificar el curso de los acontecimientos'

La UE no reconoce la 'Prostituyente' y adoptara sanciones contra el dictador Maduro
Federica Mogherini. PD

La puesta en marcha de la Asamblea Constituyente debería suspenderse y las competencias de todas las instituciones previstas por la Constitución deben ser expresamente reconocidas

¿Pedirá Baltasar Garzón la detención del tirano chavista como pidió en 1998 la del ex presidente chileno Augusto Pinochet?

¿Dictarán tribunales españoles una orden de embargo de las posibles cuentas bancarias de Nicolás Maduro y sus sicarios en Suiza, Luxemburgo y otros países?

¿Se sumarán a las socilictudes las organizaciones europeas de derechos humanos y se personará la Justicia española en las causas teniendo presente que hay ciudadanos españoles entre los asesinados y presos políticos de Venezuela?

Nosotros lo dudaamos, como tampoco creemos que las tibias autoridades occidentales se atrevan a ir muy lejos, pero algo se mueve.

​Los países de la Unión Europea (UE) han dejado claro este 2 de agosto de 2017 que no reconocen la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por dudas sobre su legitimidad y advirtieron de que «intensificarán» su respuesta si se siguen socavando los principios democráticos en ese país.

La UE y sus Estados miembros «no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad», señaló la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, en un comunicado.

El texto no menciona la imposición de sanciones a los dirigentes del régimen venezolano, que había sido reclamada por España, pero en su último párrafo la UE advierte al Gobierno de Caracas de que está dispuesta a endurecer su respuesta en caso de que los principios democráticos se vean erosionados y la Constitución venezolana no sea respetada.

Aunque algunos socios de la UE, entre ellos España, ya habían anunciado que no reconocerían a la Asamblea Constituyente, el Parlamento Europeo era la única institución europea que había declarado a través de su presidente, Antonio Tajani, su intención de no reconocer el nuevo statu quo.

La Unión como tal no se había pronunciado debido a la resistencia de países como Grecia e inicialmente Portugal, que ha moderado su postura.

«Portugal prefriere la vía diplomática pero no se opondrá a la decision de la UE», aseguran fuentes diplomáticas lusas entre el temor por la situación de los más de 50.000 portugueses que residen en el país.

En la declaración consensuada, los Veintiocho constatan que la Constituyente ha agravado la crisis de Venezuela y amenaza con deteriorar otras instituciones legítimas previstas por la Constitución, como la Asamblea Nacional, y añade que las circunstancias bajo las que se celebraron las elecciones del pasado domingo arrojan serias dudas sobre la capacidad del nuevo órgano de representar a todos los sectores de la población venezolana.

«La UE y sus Estados miembros no pueden reconocer a la Asamblea Constituyente, sobre cuya efectiva representatividad y legitimidad tienen serias preocupaciones y llaman al presidente Nicolás Maduro a tomar medidas urgentes para rectificar el curso de los acontecimientos. En concreto, la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente debería suspenderse y las competencias de todas las instituciones previstas por la Constitución deben ser expresamente reconocidas».

Los Veintiocho citan expresamente a la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Ministerio Público.

La UE ha manifestado igualmente su preocupación por la nueva detención de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, de cuyo paradero reclama información, y llama a todas las partes -incluidos los «grupos no identificados de civiles armados- a contener el uso de la violencia, al tiempo que reclama a las autoridades que garanticen «un respeto total a todos los derechos humanos».

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