Gran despliegue policial en la calle Argumosa 11 en el madrileño barrio de Lavapiés. Centenares de personas se han concentrado desde primera hora para apoyar a Rosi, Pepi, Juani y Mayra tras una orden de desahucio, en la que están obligadas a abandonar el inmueble de inmediato.
En Argumosa 11 se halla uno de los colectivos okupa más conocidos de Madrid. Algunos de los vecinos que viven allí han adquirido esta condición por impago, otros porque han acudido para implantarse y hacer bandera de la okupación.–Reportaje PD/ Droga, okupas y delincuencia: el infierno diario que tienen que soportar los vecinos de Lavapiés–
Colectivos afines y miembros de Podemos se han desplazado hasta el lugar, como el diputado Rafael Mayoral, la concejala Rommy Arce o el ex concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, para evitar el desahucio del edificio.
Los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han tenido que escuchar consignas como «quítate la visera si tienes cojones», «la Policía tortura y asesina», «perros del poder» o «sin cocaína no sois nada».
En el interior del portal se encuentran varios activistas tumbados en el suelo o en las escaleras para intentar retrasar el lanzamiento. Siete de ellos ya han sido detenidos por la Policía Nacional por resistencia a la autoridad.
DESAHUCIOS APLAZADOS MÁS DE UNA VEZ
Desde el verano del año pasado se han aplazado diversos desahucios en este edificio. Entre los casos destaca el de Pepi Santiago, y sus dos hijos de 27 y 28 años, paralizado en diversas ocasiones. Naciones Unidas exigió en diciembre la paralización del desahucio.
La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, también pidió a finales del año pasado a los tribunales que escuchen a la ONU y paralizaran el desahucio de esta mujer. También se encuentra programado el de otra inquilina, Rosi, aunque también su lanzamiento se ha paralizado en cuatro ocasiones.–La tolerancia con los okupas–
Según ha explicado el Sindicato de Inquilinos de Madrid en otras ocasiones, a Rosi le pretenden subir un 300 por ciento el alquiler, de 400 a 1.700 euros, por lo que llevan meses intentado negociar con la propiedad del bloque de la calle Argumosa 11 para renovar los contratos de sus arrendatarios, «pero prefieren echarlas para poder subir los alquileres desproporcionalmente».
Los propietarios del edificio se han quejado en otras ocasiones del «acoso» que aseguran estar sufriendo por parte de los colectivos antidesahucios, advirtiendo de que su comportamiento «puede ser perfectamente encajado en tipos penales tales como coacciones, injurias y calumnias».
Los dueños del edificio afirmaron en un comunicado que tienen «miedo» de los integrantes de las asociaciones antidesahucios, ya que están siendo señalados en la calle y en las redes sociales, y sostienen que el colectivo «miente» en sus argumentos.
