Es una jugada postera de Theresa May, en tiempo de descuento y a la desesperada (Theresa May acabará mandato en junio y deja el ‘marrón’ del Brexit a su sucesor).
Bajo el lema de «Buscando un punto de acuerdo en el Parlamento», la primera ministra británica, presentó este 21 de mayo de 2019 una retahíla de propuestas para conseguir aprobar su acuerdo del Brexit.
Tras tres derrotas, con una fecha de caducidad para su Gobierno de apenas unas semanas, y sin nada ya que perder, la primera ministra ha decidido tirar la toalla y ofrecer al Parlamento todas las concesiones posibles salvo permanecer en el mercado común y mantener la libertad de circulación.
Todo lo demás, incluido el segundo referéndum y la unión aduanera, está sobre la mesa, y la semana del 3 de junio, cuando la Cámara de los Comunes votará el acuerdo, se dibuja ya como una fecha histórica.
Tras reconocer que «el Brexit es mucho más complicado de lo que esperaba», May ha admitido que no podrá ratificar el tratado de salida sin el apoyo de la oposición, por lo que aceptará muchas de sus propuestas pese a la ruptura de las negociaciones entre ambos.
«Yo quería aprobar el acuerdo con los votos de los Conservadores y de los Unionistas Norirlandeses, pero está claro que no será posible».
Y para conseguirlo, la primera ministra ha puesto sobre la mesa una lista de concesiones que llamó «New Brexit Deal».
Las concesiones van de lo pequeño a lo políticamente gigantesco. May pondrá sobre la mesa la posibilidad de una unión aduanera hasta el final de la legislatura -anatema para su partido, aunque escasa para los laboristas- y de un segundo referéndum, y dejará que sean los diputados los que decidan, en una votación que se antoja tanto o más fundamental que la del acuerdo en sí.
Si se aprueba, el Gobierno pondrá en marcha inmediatamente la organización del proceso electoral, prometió, en una decisión que puede llevar su Ejecutivo al estallido.
A los laboristas también les ofrece garantías en dos de los sectores que más les preocupan.
El acuerdo incluirá la obligación legal de que los derechos de los trabajadores británicos y las regulaciones medioambientales sean «iguales o mejores» que las europeas, para evitar una ‘carrera hacia el fondo’ de desregulación una vez fuera del control de Bruselas.
