El ministro Grande-Marlaska afirma que las devoluciones 'en caliente' se hacen con "garantías máximas"

El Tribunal de Estrasburgo avala las devoluciones en caliente de inmigrantes ‘porque no vulneran los derechos humanos’

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a por esta práctica España en octubre de 2017

El Tribunal de Estrasburgo avala las devoluciones en caliente de inmigrantes 'porque no vulneran los derechos humanos'
Inmigrantes sin papeles entran en Melilla. PD

Lo de Fernando Grande-Marlaska es de aurora borel. Era un buen juez, es un pésimo ministro y un día dice una cosa y al siguiente la contraria, según le ordene su jefe Pedro Sánchez.

El ministro de Interior ha afirmada este jueves que las devoluciones ‘en caliente’ de migrantes en la frontera de Melilla a Marruecos se realizan en el marco de la normativa española y con «garantías máximas». El ministro se ha pronunciado así poco antes de que se conociera el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha avalado esta práctica en la frontera de Melilla.

El TEDH, con sede en Estrasburgo, ha avalado este 13 de febrero de 2020 las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ en la frontera española, al considerar legales las expulsiones de dos inmigrantes subsaharianos que cruzaron la frontera de Melilla en agosto de 2014.

Esta decisión supone un cambio de opinión del Tribunal europeo, que en 2017 condenó al Estado español por violar la normativa continental y le obligó a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los inmigrantes expulsados.

El fallo fue recurrido en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha redundado en la sentencia inapelable de este jueves.

Estrasburgo considera que los dos demandantes «se pusieron ellos mismos en una situación ilegal cuando intentaron deliberadamente entrar el 13 de agosto cruzando las estructuras de la valla de Melilla como parte de un gran grupo» de personas.

LA SENTENCIA QUE VIENE DE EUROPA

«Decidieron no emplear los procedimientos legales existentes para entrar en territorio español».

Por tanto, la corte estima que lo ocurrido posteriormente fue «consecuencia de su propia conducta».

«El Tribunal no puede responsabilizar al Estado por la falta de un recurso legal en Melilla que le permitiera impugnar».

El caso concreto es el de dos jóvenes subsaharianos -N.D. (Mali, 1986) y N.T. (Costa de Marfil, 1985)- que el 13 de agosto de 2014 saltaron la valla de Melilla con un numeroso grupo de inmigrantes reunidos en el Monte Gurugú.

Una vez en territorio español, ambos fueron detenidos y esposados por la Guardia Civil y entregados a las autoridades marroquíes. Todo ello sin ser identificados, informados de sus derechos y sin siquiera poder comunicarse con los agentes a través de un intérprete, según recoge la sentencia del Tribunal en 2017.

FALLOS EN LOS DOS SENTIDOS

Este fallo de 2017, que establecía que las devoluciones en caliente eran ilegales, recogía que los dos demandantes fueron arrestados por la Guardia Civil, responsable del perímetro, y entregados a las autoridades marroquíes «contra su voluntad» y «sin ninguna medida administrativa o judicial previa».

«No tuvieron la oportunidad de explicar sus circunstancias personales o de recibir asistencia de abogados, intérpretes o personal médico. Posteriormente fueron trasladados a la comisaría de Nador y luego a Fez, a más de 300 kilómetros de Melilla, en compañía de otros 75 u 80 migrantes».

EL CEAR Y LOS PROGRES

La reacción de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a la decisión no se ha hecho esperar y, tras leer el resumen de la sentencia, ha calificado la decisión de «desalentadora».

«Con todos los respetos a la Gran Sala, creo que no han entendido nada de las cuestiones que planteaba la parte demandante y CEAR», ha lamentado Paloma Favieres, portavoz de la asociación.

«Cuestionar que podían haber entrado por un puesto habilitado, cuando es sobradamente conocido que desde que se instalaron las oficinas de Ceuta y Melilla ninguna persona subsahariana ha podido acceder al puesto fronterizo para formalizar una, me parece desilusionante».

Favieres cree que es necesario seguir pidiendo al Gobierno español que se acaben estas prácticas con un argumento «irrefutable»: que el actual Ejecutivo, cuando estaba en la oposición, planteó un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley mordaza, que introducía en su disposición adicional la pretendida cobertura legal a las devoluciones en Ceuta y Melilla.

«Creo que, por coherencia, más allá del fallo de Estrasburgo, debería dar un paso atrás en la modificación legislativa. En cualquier caso confiamos en el Constitucional que en breve tendrá que pronunciarse».

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