Más de 10.000 familias habían sido obligadas a devolver decenas de miles de euros en subsidios, lo que provocó desempleo, bancarrotas y divorcios

Renuncia todo el Gobierno de Holanda por el irregular manejo de subsidios para las familias

El primer ministro del país, Mark Rutte, encabezó la dimisión de su administración e informará al rey Guillermo su decisión

Renuncia todo el Gobierno de Holanda por el irregular manejo de subsidios para las familias
Mark Rutte PD

El Gobierno de Holanda, en manos del primer ministro Mark Rutte, marcó un hito histórico: una renuncia en bloque por su mala gestión de los subsidios para las familias

Rutte informará al rey Guillermo Alejandro la decisión y ofrecerá una conferencia de prensa más tarde.

La decisión se produce luego de que una investigación parlamentaria del mes pasado hallara que burócratas del servicio tributario, con supervisión del gobierno, habían llevado a miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, a la ruina financiera con acusaciones infundadas de fraude.

El reporte de la investigación dijo que cerca de 10.000 familias habían sido obligadas a devolver decenas de miles de euros en subsidios, lo que provocó desempleo, bancarrotas y divorcios.

Describió el mal manejo, que se extendió durante una década, como una “injusticia sin precedentes”.

Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales comenzaron a enviar cartas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos, y los acusaban de fraude fiscal, pidiéndoles justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.

Las acusaciones se hicieron al parecer sin fundamento alguno, y la agencia tributaria tampoco daba explicaciones a los afectados.

Después se demostró que principalmente familias de origen extranjero habían sido objetivo de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, considerado ilegal por discriminatorio.

La práctica continuó durante años, incluso hasta estos días. Diferentes investigadores (también periodistas y diputados a los que la propia Agencia Tributaria trató de obstaculizar la búsqueda de pesquisas) lo ven como un caso claro de “sesgo institucional”.

La abogada Eva González Pérez, de origen español, fue quien levantó la voz en 2014, años antes de que el caso estallara en la prensa nacional. Su marido dirigía una agencia de niñeras en Eindhoven que se vio directamente afectada por la retirada de subvenciones a esos padres, sus clientes, que pagaban con las ayudas estatales su asistencia.

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