El régimen de Rusia no quiere escuchar ni una sola voz crítica con Vladimir Putin.
Las autoridades rusas declararon “agentes del extranjero” a una destacada ONG y a 22 personas, una controvertida apelación que implica importantes restricciones y que Moscú utiliza cada vez más contra las voces críticas.
En Rusia, las organizaciones o personalidades consideradas “agentes del extranjero” tienen que registrarse ante las autoridades, pasar por largos trámites administrativos e indicar claramente esta condición en todas sus publicaciones, incluidos sus tuits.
Según Moscú, la lista incluye organizaciones financiadas desde el extranjero y con actividades “políticas” en Rusia.
Entre los recién declarados “agentes del extranjero” se encuentra Piotr Verzílov, creador del sitio web Mediazona, especializado en el seguimiento de casos judiciales relacionados con la oposición.
Este activista había sido miembro del grupo de protesta Pussy Riot y fue víctima de un grave envenenamiento en 2018, del que culpa al Kremlin.
“Se trata de una medida profundamente discriminatoria”, comentó Serguéi Smirnov, también incluido en la nueva lista, redactor jefe de Mediazona.
Por su parte la oenegé OVD-Info, una de las mejores fuentes en Rusia para registrar las detenciones durante las manifestaciones de la oposición, también fue clasificada como “agente del extranjero”.
En los últimos meses, periodistas, activistas y medios de la oposición fueron clasificados como “agentes del extranjero”.
Esta semana, el opositor ruso encarcelado Alexei Navalny se enfrentó a una nueva investigación penal por “extremismo”, un delito castigado con hasta 10 años de cárcel, en una nueva etapa de la represión de su movimiento tras el desmantelamiento de sus organizaciones.
Las investigaciones contra él y varios colaboradores cercanos se producen tras la victoria en las elecciones legislativas del partido de Vladimir Putin, después de una campaña para excluir de las urnas a casi todos los candidatos contrarios al Kremlin.
Los partidarios de Navalny no pudieron presentarse después de que sus organizaciones fueran prohibidas y clasificadas como “extremistas” en junio.
Desde principios de año, Navalny está encarcelado con una sentencia de dos años y medio por un caso de fraude que él considera político.
El opositor y sus aliados están ahora acusados de haber “creado y dirigido una organización extremista” a través de su Fondo Anticorrupción (FBK) y otras ocho organizaciones.
También se le acusa desde agosto de llamar a sus seguidores a cometer “actos ilícitos”, un delito castigado con tres años de prisión.
