Roma se convirtió en el epicentro de una batalla campal entre los agentes de Policía y los ciudadanos que rechazan la implementación de un pasaporte sanitario.
Miles de manifestantes protestaron en el centro de ‘la ciudad eterna’ contra el uso extendido del documento, que será obligatorio a partir del 15 de octubre en todos los puestos de trabajo en Italia.
Exigido desde principios de agosto para entrar a un museo, evento deportivo o en las zonas interiores de un restaurante, este certificado sanitario requiere una pauta de vacunación completa, un test negativo reciente o un documento que justifique haberse curado del COVID-19.
El primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció a mediados de septiembre que a partir del 15 de octubre será obligatorio para acceder a un puesto de trabajo. Para los profesores o el personal médico ya lo es actualmente.
“Nos suspendieron a los dos [de empleo] hace dos meses”, explicó Cosimo, que trabajaba como enfermero, igual que su esposa. Según Cosimo, tanto él como su esposa tienen problemas inmunitarios y de alergias y su médico de cabecera los autorizó a que no se vacunaran contra el coronavirus.
A pesar de ello, los suspendieron de sueldo y empleo. “Hemos llevado el caso a un abogado, ya que tenemos dos hijos gemelos, de 20 años, y nos debemos ocupar de ellos”, explicó.
Maria Ballarin, una jubilada, denunció un “chantaje criminal y cobarde” por parte del Estado, que no quiere asumir sus responsabilidades y decretar la obligatoriedad de la vacunación.
Cuando se anunció la nueva disposición, semanas atrás, las autoridades anunciaron que podrían aplicar una multa de entre 400 euros (470 dólares) a 1.000 euros (1.176 dólares) para aquellos que no cumplan con esa obligación, según el diario Il Corriere della Sera. Al cabo de cinco días de ausencia injustificada por falta de pasaporte sanitario, a la persona la pueden “suspender” del trabajo y el salario.
Los sindicatos exigen que el Estado pague los test mientras el gobierno teme que con esa posibilidad se desincentive la idea de vacunarse.
“No es un instrumento para combatir la pandemia (…), sino para controlar a la población”, añadió su marido, Marco Salvatori, un empleado de un banco que decidió adelantar su jubilación y así evitar hacerse un test al COVID-19 uno de cada dos días.