Este jueves 26 de marzo Bruselas ha dado un giro completo a sus políticas migratorias al aprobar un Reglamento de Retornos que endurece los criterios de deportación de los inmigrantes ilegales. Por fin.
La pelea de VOX y la derecha europea ha surtido su efecto. Así lo contaba el propio Jorge Buxadé en Periodista Digital:
Entre las novedades se encuentran la detención obligatoria para aquellos inmigrantes ilegales que no colaboren y la creación de centros de deportación fuera del territorio europeo. En síntesis, el nuevo reglamento establece una serie de puntos clave para que sea posible expulsar de territorio europeo a los que han entrado de forma ilegal:
- Concibe la estancia ilegal como delito, algo que no preveía el texto inicial de la Comisión.
- Las órdenes de retorno también ganan peso y credibilidad, pues se obligará a dejar el territorio de todos los Estados miembros, no sólo el del Estado emisor.
- Los Estados miembros ganan soberanía: podrán ejecutar deportaciones forzosas si consideran tener razones oportunas para ello, mientras el reglamento inicial pretendía imponer una lista cerrada de motivos.
- VOX ha conseguido que las prohibiciones de entrada sean indefinidas y permanentes para los casos de riesgo de seguridad, anulando los plazos de dos a cinco años que propuso Von der Leyen.
- Se facilita la creación de centros de retorno en terceros países y se elimina la prohibición de deportar familias a estos centros.
- Mientras la Comisión pretendía que el inmigrante pudiera limitar la información que entregaba a las autoridades (siempre asesorado por una ONG), el texto de VOX incorpora que la policía pueda confiscar dispositivos electrónicos para verificar la identidad. El engaño podrá conllevar pérdida de ayudas o de derecho al trabajo, así como multas y penas.
- Podrán ejercerse detenciones flexibles de 12+12 meses, ampliables sin límite en caso de que haya un riesgo para la seguridad.
- Los recursos ya no paralizarán las expulsiones, una de las prácticas habituales para truncar estos procesos de retorno, y también se elimina la asistencia letrada gratuita para preparar recursos, acabando con los abusos procesales.
El nuevo texto introduce una orden europea de retorno unificada para el espacio Schengen, después de meses de intensas negociaciones donde la presión ejercida por partidos como VOX ha sido determinante. En su comunicado oficial, el partido señala cómo su voto conjunto con los Patriots y el PPE ha propiciado cambios significativos: ya no es necesario tener una conexión obligatoria con un tercer país seguro para rechazar solicitudes de asilo, además se amplía la lista de naciones seguras como Marruecos, Colombia o Bangladés.
Esta reforma es fruto de la necesidad de adaptar la legislación para que no sea usada de forma torticera por inmigrantes ilegales. Con ella, se aceleran los plazos para las devoluciones, cuyo índice actual apenas alcanza el 20%. El Consejo Europeo ha respaldado este paquete, que incluye también fondos destinados a solidaridad con unas 21.000 reubicaciones y una inversión de 420 millones de euros para 2026, beneficiando a países como España, Grecia e Italia, que están enfrentando graves avalanchas de inmigración ilegal masiva. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez optó por votar en contra, quedándose aislado ante una mayoría conservadora.
En la comisión LIBE, el PP se distanció del PSOE por primera vez al apoyar detenciones incluso para familias con menores y la retirada de ayudas sociales a quienes no colaboren. Los socialistas intentaron frenar la votación del 25 de marzo, pero el texto avanzó hacia su aprobación final este 26 de marzo.
Medidas clave y su impacto en España
El reglamento establece:
- La imposición de detención obligatoria para aquellos que no colaboren, con órdenes unificadas en todo el espacio de Schengen, previstas para estar listas en dos años.
- La creación de centros externos de retorno en terceros países, que serán voluntarios pero estarán sujetos a acuerdos comunitarios.
- Una lista europea de países considerados seguros: entre ellos se encuentran Marruecos, Colombia, Bangladés, así como también Egipto, India, Kosovo y Túnez.
- La posibilidad de suspender designaciones si se detectan riesgos, eliminando así la conexión obligatoria para las devoluciones.
En territorio español, donde las tensiones por la llegada de miles de ilegales están disparadas, esta medida podría multiplicar las deportaciones en pocos meses, chocando frontalmente con los planes del Gobierno para una regularización masiva. Tanto VOX como el PP han solicitado ya en el Congreso llevar a cabo retornos efectivos y revisar los acuerdos establecidos con terceros países.
Con esta normativa España podrá realizar miles de expulsiones cada año y enfrentar así con una legislación clara las masivas llegadas de personas que pretenden quedarse en nuestro país recurriendo a todo tipo de artimañas y vacíos legales.
