Un ministro de la ANP dice que la nueva orden de deportaciones no afectará a los gazanos

Un ministro de la ANP dice que la nueva orden de deportaciones no afectará a los gazanos
. Agencia EFE

El ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Husein A-Shej, dijo hoy que la nueva orden de deportaciones instaurada por el Ejército israelí no afectará a los miles de gazanos que residen en Cisjordania.

«No es aplicable a los gazanos que viven o trabajan en Cisjordania; está relacionada con aquellas personas que obtienen un visado para visitar Israel, que después no podrán regresar a Cisjordania», afirma el ministro en una entrevista con la agencia palestina independiente Maan.

La nueva disposición israelí, que entró en vigor ayer, redefine una antigua ley sobre lo que Israel considera como «infiltrado» y abre su aplicación a casi cualquier palestino residente en Cisjordania, advirtieron organizaciones de derechos humanos.

Entre los que podrían verse deportados figura cualquiera que no tenga un permiso de residencia en los territorios palestinos concedido por las autoridades militares israelíes o que no forme parte de un antiguo censo ya obsoleto, y entre ellos población de Gaza que se haya trasladado a vivir a Cisjordania.

Sin embargo, fuentes de la ANP citadas por Maan aseguran que debido a que los gazanos en este último territorio son unas 70.000 personas la orden no es aplicable a ellos, según la agencia.

Los palestinos han denunciado la ley porque entienden que, con su extrema ambigüedad, crea virtualmente una situación legal de «apartheid» (segregación racial) en los territorios ocupados desde 1967 y viola las convenciones de Ginebra.

«La decisión es una continuación de las políticas israelíes de desplazar por la fuerza a los palestinos e imponer la soberanía israelí en los territorios palestinos… es parte de la discriminación racial de Israel», advierte Jalil Abu Shammala, director de la organización local de derechos humanos Addameer (Conciencia).

Según el Centro Palestinos de Derechos Humanos, las nuevas órdenes «definen ‘infiltrado’ en unos términos tan genéricos que virtualmente cualquier persona que esté ahora en Cisjordania» puede ser deportado o encarcelado hasta siete años sin haber cometido ningún delito.

Entre los posibles afectados están también extranjeros que trabajen en zonas bajo jurisdicción palestina o cónyuges de palestinos nacidos en el extranjero.

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