Jordania ha convocado al embajador israelí en Amman para protestar formalmente por las deportaciones de palestinos de Cisjordania, expulsiones sobre las que Tel Aviv ha matizado, en primer lugar, que aún no se han materializado, y en segundo lugar las ha justificado diciendo que los afectados estaban residiendo en Cisjordania de forma ilegal.
El Gobierno jordano considera estos actos «una flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales», además de un incumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones como potencia ocupante de Cisjordania, informó este miércoles la agencia de noticias estatal Petra.
Israel controla Cisjordania desde la guerra de 1967, a pesar de que en este territorio existe teóricamente un gobierno palestino encarnado por la Autoridad Nacional Palestina. La polémica radica en que todos los palestinos que viven en Cisjordania necesitan, según una normativa recientemente aprobada, de un permiso de Israel, que en caso de ser revocado puede implicar medidas de cárcel o la expulsión del territorio. Esta disposición, que supone un endurecimiento de las que regían en Cisjordania desde 1969, fue aplicada este miércoles a un grupo de palestinos.
Algunas organizaciones israelíes pro derechos humanos han pedido al ministro de Defensa, Ehud Barack, que derogue esta ley, porque en su opinión «convierte a todos los residentes de Cisjordania en criminales». En sentido parecido se ha expresado el jefe palestino de las negociaciones con Israel, Saeb Erakat, que afirmó que las nuevas leyes israelíes convierten Cisjordania en un territorio en condiciones de «apartheid», informa CNN.
Según Erakat, con estas expulsiones Israel pretende acelerar su colonización de este territorio ocupado en 1967. «Cuantos menos palestinos haya en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, más colonos (judíos) podrá haber», afirmó.
Por su parte, Israel se defiende afirmando que las expulsiones aún no se han materializado, y que en cualquier caso son sólo siete palestinos los que están encarcelados en espera de que se cumplan los trámites legales para que abandonen Cisjordania, según altos dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores citados por el ‘think tank’ israelí ‘The Israel Project’.
Según estas fuentes, esta normativa aumenta las garantías legales actuales, y sólo se aplica a ciudadanos extranjeros que hayan entrado en Cisjordania con visado de turista y no abandonen el territorio una vez que éste haya expirado, cuyo número respecto al total de la población cisjordana es, sostienen, «minúsculo».
Desde el Ministerio de Exteriores se argumenta que en muchas ocasiones los ciudadanos a los que se le aplica esta normativa están casados con residentes de Cisjordania, algo que los comités encargados de decidir las expulsiones «tienen en cuenta».
Por último, Israel desmiente tajantemente los rumores que según ellos apuntaban a expulsiones masivas de palestinos de Cisjordania, pues aseguran que «nada parece indicar» que el número de posibles expulsados se vaya a incrementar respecto a las actuales siete personas.
