Los activistas españoles que viajaban a bordo de la �Flotilla de la Libertad� asaltada por el Ejército israelí han decidido dirigir la querella que presentarán en breve en la Audiencia Nacional directamente contra el ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, al que acusarán, entre otros delitos, de secuestro, malos tratos y piratería.
Manuel Espinar, padre de Manuel Tapial, uno de los tres activistas españoles y presidente de la ONG Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría, explicó a Servimedia que Barak estará en la querella por ser uno de los máximos responsables del ataque y abordaje del Ejército israelí a los barcos de la flotilla, una acción en la que murieron nueve personas y otras 60 resultaron heridas.
Espinar señaló además que los trabajos legales están ya muy avanzados y que incluso tienen preparados los poderes para que sus procuradores puedan presentar la querella ante la Audiencia Nacional, algo previsto en principio para la próxima semana.
El ataque tuvo lugar en la madrugada del pasado 31 de mayo cuando la flota, formada por seis barcos y unos 750 activistas, se encontraba en aguas internacionales. Tras el asalto, los activistas fueron trasladados hasta el puerto de Ashdod, al sur de Israel y a escasos kilómetros de Gaza, donde fueron retenidos hasta que comenzaron las deportaciones. Entre ellos se encontraban los españoles Manuel Tapial y Laura Arau, miembros de la ONG Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría, y el periodista David Segarra.
RESULTADO DE LAS AUTOPSIAS
Los tres activistas españoles y sus colaboradores llevan varias semanas recabando todos los datos posibles para poder presentar una querella lo más sólida posible. Entre los elementos que serán incorporados al escrito que presentarán en la Audiencia Nacional destaca el resultado de las autopsias realizadas en Turquía a los nueve fallecidos en el ataque.
Desde Turquía también se les han remitido diversos testimonios e incluso varios vídeos del asalto de los militares israelíes y que también serán incorporados a la querella contra Barak.
El escrito también va a detallar el montante global de todo el material que quedó en manos de Israel tras el asalto y que se eleva a varios millones de euros, según explicó Espinar. Las autoridades israelíes se quedaron con todas las pertenencias que portaban Tapial, Arau y Segarra, incluidas sus cámaras y ordenadores portátiles, un �robo� que cifran sólo en el caso de los dos primeros en más de 15.000 euros.
COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
A pesar de la reciente limitación de la justicia universal impulsada por el Gobierno, la Audiencia Nacional sería competente para investigar los hechos, ya que se trata de delitos cometidos contra españoles en el extranjero.
Además, Israel no ha iniciado todavía ningún proceso penal sobre los hechos, por lo que no se podría aplicar el principio de subsidiariedad y la Audiencia Nacional podría iniciar una investigación. Lo único que ha propuesto el Gobierno israelí en respuesta a los requerimientos ONU es constituir una comisión interna �no judicial- en la que participarán dos observadores extranjeros.
