Los tres activistas españoles que viajaban a bordo de la �Flotilla de la Libertad� han presentado hoy una querella ante la Audiencia Nacional en la que acusan de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como a otros seis miembros de su gabinete y a un alto mando militar, a los que consideran máximos responsables del asalto, que se saldó con nueve cooperantes muertos.
Los activistas Manuel Tapial y Laura Arau acudieron personalmente esta mañana a la Audiencia Nacional para presentar la querella, acompañados por sus abogados. El tercer cooperante español, el periodista David Segarra, no estuvo presente ya que se encuentra fuera del país.
Además de contra Netanyahu, en la querella presentada este viernes acusan al ministro de Defensa, Ehud Barack; al de Asuntos Exteriores, Avignor Lierberman, y al del Interior, Eli Yishai.
La acusación también está dirigida contra el ministro de Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; el ministro de Asuntos Estratégicos, Moshe Ya�alon, y el ministro sin cartera Benny Begin. El único militar contra el que se dirige la querella es el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer Marom.
La querella, que fue presentada ante el Decanato, ha recaído por turno de reparto en el juez Pablo Ruz, el sustituto en el Juzgado Central de Instrucción número 5 del suspendido Baltasar Garzón.
ORDEN DE ATAQUE
Los cooperantes españoles aseguran que Netanyahu y estos seis ministros fueron los que �planificaron la operación�, que tuvo lugar el 31 de mayo, y quienes �dieron la orden de ataque�. Por ello, les hacen responsables de lo que califican como �una masacre premeditada� y les acusan de crímenes de lesa humanidad y de guerra, en concreto de tres delitos de detención ilegal, tres deportaciones y tres torturas.
El ataque tuvo lugar en la madrugada del pasado 31 de mayo, cuando la flota, formada por seis barcos y unos 750 activistas, se encontraba en aguas internacionales. Tras el asalto, en el que murieron 9 personas y otras 38 resultaron heridas, los activistas fueron trasladados hasta el puerto de Ashdot, al sur de Israel y a escasos kilómetros de Gaza, donde fueron retenidos hasta que comenzaron las deportaciones.
Como diligencias de prueba, los activistas piden que la Audiencia Nacional interrogue a Netanyahu y a los otros siete querellados y que se tome declaración a los tres activistas españoles.
SANGRE Y FRANCOTIRADORES
La querella hace un relato extenso de cómo vivieron los tres cooperantes españoles el asalto del Ejército israelí, destacando que tuvieron que sortear �el láser de los francotiradores� y que el suelo del buque estaba �lleno de sangre�.
El escrito niega tajantemente que los activistas recibieran violentamente a los soldados, tal y como asegura el Gobierno de Israel. Los cooperantes aseguran que las únicas armas que portaban algunos de los activistas eran palos, con los que se defendieron para tratar de evitar �el avance de los comandos que ya llevaban tiempo usando fuego real�.
También subraya que, mientras los activistas europeos fueron sentados en los bancos de la cubierta, los cooperantes turcos y árabes fueron arrodillados y esposados, y detalla que Manuel Tapial fue esposado y apartado del grupo hasta un lugar del barco donde fue vigilado constantemente por un soldado que no dejó de apuntarle con su arma.
La querella también relata lo sucedido desde que los barcos llegaron al puerto de Ashdot hasta que los activistas fueron deportados a Turquía, cerca de dos días en los que Tapial fue el español que recibió el trato más duro. Fue interrogado varias veces, esposado y conducido a la cárcel de la localidad de Beer Sheva.
Los cooperantes denuncian además que les fue robado todo su material de trabajo, incluido cámaras y ordenadores, así como la ropa, los sacos de dormir y el dinero que portaban.
La querella va acompañada de varios anexos con documentación entre los que se encuentran los resultados de las autopsias realizadas en Turquía a los nueve activistas fallecidos, unos análisis que revelan que casi todos ellos recibieron disparos �a muy corta distancia�. La conclusión es que estos asesinatos �constituyen sin duda ejecuciones extrajudiciales�.
COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
El magistrado Ruz deberá ahora decidir si admite o no a trámite la querella, para lo que podrá pedir informe a la Fiscalía y recabar informaciones complementarias
El escrito señala que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos por tratarse de crímenes contra la humanidad cometidos contra españoles en el extranjero y alude a la Convención de Ginebra, a la Convención contra la Tortura y al Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional.
Además, Israel no ha iniciado todavía ningún proceso penal sobre los hechos, por lo que no se podría aplicar el principio de subsidiariedad y la Audiencia Nacional podría iniciar una investigación. Lo único que ha propuesto el Gobierno israelí en respuesta a los requerimientos ONU es constituir una comisión interna -no judicial- en la que participarán dos observadores extranjeros pero sin voz.
