Amnistía Internacional (AI) reclamó hoy a las autoridades yemeníes que dejen de sacrificar los derechos humanos en aras de la seguridad para hacer frente a las amenazas de Al Qaeda y los rebeldes chiíes zaidíes en el norte, y abordar el problema de la reivindicación creciente de la secesión en el sur.
En su informe «Yemen: tomando medidas duras bajo la presión», AI documenta un catálogo de violaciones de derechos humanos, que incluye homicidios ilegítimos de personas acusadas de tener vínculos con Al Qaeda y los activistas del Movimiento del Sur, así como detenciones arbitrarias, torturas y juicios sin las debidas garantías.
Amnistía señala que los yemeníes acusados de apoyar a los huthis (rebeldes chiíes zaidíes armados en la región septentrional de Sada) o al Movimiento del Sur también han sido objeto de detención arbitraria, palizas y juicio injusto ante un tribunal especial, al igual que periodistas, disidentes, defensores de los derechos humanos y personas críticas con el Gobierno.
Además, algunos han sido víctimas de desaparición forzada durante semanas o meses a manos de unos servicios de seguridad que apenas rinden cuentas y que informan directamente al presidente de Yemen, Alí Abdulá Salé.
«Ha prosperado una tendencia sumamente preocupante, a saber, que las autoridades yemeníes, sometidas a la presión de Estados Unidos y otros países para que combata a Al Qaeda, y de Arabia Saudí para que resuelva el problema con los huthis, utilizan la seguridad nacional como pretexto para hacer frente a la oposición y acallar todas las críticas», afirmó Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Smart indicó que «la protección de los derechos humanos debe estar en la base de todas las medidas adoptadas en nombre de la lucha antiterrorista o para resolver otros problemas de seguridad en Yemen».
Según Amnistía, el número de condenas a muerte impuestas a personas acusadas de tener vínculos con Al Qaeda o con los grupos armados huthis ha descendido notablemente.
Así, al menos 34 personas acusadas de vinculación a grupos armados huthis fueron condenadas a muerte el año pasado y las fuerzas de seguridad han matado al menos a 113 personas desde 2009 en operaciones que, según el Gobierno, tienen como objetivo a los «terroristas».
La frecuencia de los ataques ha aumentado desde el pasado mes de diciembre y en algunos casos las fuerzas de seguridad no hicieron el menor intento de detener a los sospechosos antes de matarlos.
�La desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos y la ejecución extrajudicial no son prácticas aceptables en ninguna circunstancia y las autoridades yemeníes deben poner fin de inmediato a estas violaciones de derechos humanos», concluyó Smart.
