ESTAMBUL, 13 (Reuters/EP)
La Policía turca ha arrestado a 162 miembros retirados de las Fuerzas Armadas del país, incluyendo altos representantes de las mismas, que están siendo sometidos a juicio acusados de planear un golpe de Estado en 2003 para sacar del poder al primer ministro turco, Tayip Erdogan.
El juicio contra los supuestos responsables de trazar el que es conocido como ‘Sledgehammer’ refleja la persistente desconfianza existente entre un Ejército tradicionalmente secular y el partido islamista. En total 196 funcionarios están siendo juzgados, en torno a tres cuartas partes de ellos en servicio activo, la mayoría de los cuales entraron y salieron de la cárcel durante el año pasado.
Después de la emisión de las órdenes de detención, 133 fueron llevados para revisión médica antes de ser escoltados a la cárcel de la ciudad, o, para aquellos que están en servicio activo, a una prisión militar en Estambul. Se espera que los 29 restantes se entreguen en un tribunal en Estambul.
El general Cetin Dogan, ex comandante del Primer Ejército, y los comandantes retirados de Marina y del Aire, Ozden Ornek y Halil Ibrahim Firtina, se encuentran entre los detenidos.
El juicio, que comenzó en diciembre, fue suspendido hasta el 14 de marzo. Los abogados de la defensa han señalado que sus argumentos no estaban siendo tenidos en cuenta y que los arrestos no están justificados. «No hay ningún riesgo de que vayan a huir. Soy abogado desde hace 33 años y no puedo creerme lo que está pasando en este caso, es una parodia de justicia», ha señalado el abogado defensor Sule Nazli Erol.
El ‘Sledgehammer’ supuestamente incluía planes para bombardear mezquitas históricas y provocar un conflicto con Grecia como parte de un plan para debilitar al Gobierno y facilitar el golpe militar.
Los acusados, figuras importantes en el segundo mayor ejército de la OTAN, niegan cualquier conspiración y dicen que el complot «fue un ejercicio de juego de guerra en un seminario militar hace siete años». Si son hallados culpables, se enfrentan a penas de entre 15 y 20 años de prisión.
