WASHINGTON, 23 (Reuters/EP)
Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra dos autoridades del Gobierno iraní por violar los Derechos Humanos de los manifestantes que protestaron tras las controvertidas elecciones presidenciales de junio de 2009.
El Departamento del Tesoro estadounidense indicó en un comunicado que el fiscal general de Teherán, Abbas Jafari Dolatabadi, y el comandante de la las fuerzas Basij, integradas en la Guardia Revolucionaria, Mohamed Reza Naqdi, han sido añadidos a una «lista negra» de Control de Activos Extranjeros.
La sanción prohíbe a todos los ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones con los acusados y congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
Las sanciones fueron impuestas en virtud de una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Barack Obama, el pasado septiembre, por los abusos cometidos por autoridades del Gobierno iraní contra los Derechos Humanos.
Dolatabadi está en la denominada lista negra porque su oficina ha acusado a un gran número de manifestantes, incluyendo personas que participaron en las violentas manifestaciones antigubernamentales de finales de 2009, según señaló el Tesoro estadounidense.
Ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y partidarios del líder opositor Mirhosein Musavi.
El Tesoro indicó que el fiscal general de Teherán acusó a los manifestantes de «moharebeh», un término islámico que significa hacer la guerra contra Dios, que conlleva la pena de muerte. Asimismo, afirmó que Dolatabadi les negó el derecho a un juicio justo y que su oficina ha arrestado sistemáticamente a reformistas, a activistas pro Derechos Humanos y a periodistas que representan a la oposición política.
«Se ha puesto de manifiesto la complicidad las dos autoridades iraníes en las importantes violaciones de los Derechos Humanos contra el pueblo iraní», dijo el director de OFAC, Adam Szubin en un comunicado. «Dolatabadi y Naqdi no tienen cabida en el sistema financiero internacional», agregó en el texto.
Los líderes reformistas en Irán coinciden en que las elecciones de 2009 fueron manipuladas en favor del presidente, Mahmud Ahmadineyad. Estas acusaciones desencadenaron la mayor crisis interna en los 32 años de la República Islámica.
Las autoridades han descrito que las sanciones estadounidenses suponen una muestra de solidaridad con las víctimas de la tortura, la persecución y la detención arbitraria.
El Tesoro agregó que Naqdi fue «responsable o cómplice» en la respuesta violenta de las protestas, que se saldaron con hasta 15 muertos y cientos de manifestantes detenidos.
El Tesoro añadió que Naqdi fue jefe de la unidad de inteligencia de las fuerzas Basij en octubre de 2009 y que fue el responsable de interrogar a los detenidos durante la represión posterior a las elecciones.
Asimismo, concluyó que forzaron las confesiones de los dirigentes reformistas que fueron difundidas en la televisión, y que al menos tres manifestantes murieron como consecuencia de las heridas sufridas en un centro de detención que estaba bajo su supervisión.
