El Gobierno israelí ha deportado este lunes a otros 23 activistas pro-palestinos detenidos a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv el viernes pasado para participar en una campaña de apoyo al pueblo palestino por lo que ya sólo quedan 58 de los arrestados en cárceles israelíes a la espera de encontrar vuelos que les saquen del país, ha informado el diario ‘Jerusalem Post’.
En total, hoy han sido deportados seis franceses en un vuelo de easyJet con destino a Suiza, mientras que otros quince belgas fueron enviados de vuelta a su país vía Zurich en un vuelo de Swiss Air. Además, dos alemanes fueron deportados en un vuelo de Austrian Airlines hacia Austria, mientras que un ciudadano belga fue puesto en libertad en Israel tras prometer que no violará ninguna ley.
Otros 38 activistas, entre ellos el español Julio Rodríguez, fueron deportados el domingo mientras que cuatro más fueron puestos en libertad en Israel. En total, según el diario israelí, el Gobierno israelí detuvo a 124 activistas que llegaron al aeropuerto Ben Gurion en el marco de la iniciativa ‘Bienvenido a Palestina’, organizada por 40 ONG pro palestinas.
Los activistas que finalmente consiguieron superar los controles israelíes –algunos ni siquiera tomaron sus vuelos ya que Israel dio instrucciones a las aerolíneas de que no se les permitiera volar hacia Tel Aviv– están participando en una semana de actos en apoyo al futuro estado palestino y contra la ocupación israelí de Cisjordania.
Según la ONG Paz Ahora, presidida por Julio Rodríguez, los más de 120 activistas detenidos por las autoridades hebreas han sido mantenidos en «prisión incomunicada» durante su arresto mientras el Gobierno israelí negocia con las aerolíneas su regreso a sus países de origen.
En un comunicado, Rodríguez ha denunciado que entre las «irregularidades» cometidas por Israel figura que no se informó en ningún momento a los activistas del delito del que se les acusaba ni de palabra ni por escrito ni tampoco se les informó de sus derechos según la legislación israelí.
Además, según Rodríguez, se les «privó de asistencia letrada, a pesar de solicitar la totalidad de presos y presos la presencia de abogados» y se les denegó contactar con sus respectivos consulados las primeras 24 horas, pues «estaban incomunicados».
