Extrema izquierda y Estado de Derecho

Israel: ¿Quién amenaza la democracia?

El colapso de la iniciativa palestina para alcanzar la independencia unilateral y el consenso generalizado en el seno de Israel referente a la principal amenaza que nos enfrenta, han frustrado profundamente a los grupos marginales de extrema izquierda. Su respuesta ha consistido en presentar una campaña global que nos retrata como un Estado que está perdiendo su razón democrática y adoptando el fascismo -temática adoptada de manera impaciente por gran parte de los medios occidentales-.

Los religiosos, cuyo comportamiento rebelde hacia las mujeres dominó los medios israelíes el mes pasado, son retratados como heraldos de un estado teocrático medieval. La mayor parte de los medios pasaron por alto el hecho de que el presidente, el primer ministro y la gran mayoría de la opinión pública, incluyendo a muchos ultraortodoxos y sus rabinos, condenan vigorosamente el comportamiento y exigieron una intervención rápida para castigar con la severidad de la ley a los gamberros.

Otro gancho cínico encaminado a desacreditar la democracia es la insinuación de que la resistencia del Estado a subvencionar un canal de televisión en quiebra representa una iniciativa de Netanyahu encaminada a limitar la libertad de expresión y hacerse con el control de los medios de izquierdas.

La legislación relativa a las organizaciones no gubernamentales que se está contemplando en el Parlamento también ha sido distorsionada y se ha presentado como conspiración encaminada a negar la libertad de expresión.

Aun así hay razones genuinas para la intervención encaminada a minimizar el daño que las organizaciones no gubernamentales causan al Estado. Sólo después de la publicación del Informe Goldstone los israelíes fueron conscientes del grado al que algunas de estas organizaciones, simulando promover los derechos humanos, instigan campañas globales para boicotear, retirar inversiones y deslegitimar a su país.

Lo que enfurece particularmente a los israelíes es que algunas de estas organizaciones no gubernamentales están financiadas (de forma encubierta normalmente) por gobiernos extranjeros -hostiles a menudo- al ritmo de casi 30 millones al año. Organizaciones como B’Tselem o Breaking the Silence reciben respectivamente el 62 por ciento y el 73 por ciento de sus presupuestos de gobiernos extranjeros que demonizan de forma histérica al país. Lizie Sagie, por entonces responsable de B’Tselem, llegaba a acusar a Israel en su blog de «devoción a los valores nazis» y «cometer las peores atrocidades de la humanidad». El escándalo de sus comentarios la obligó a dimitir de B’Tselem.

Es desde luego inconcebible que un país democrático bajo asedio tolere unas organizaciones, financiadas por gobiernos extranjeros, que lanzan campañas de difamación sin límite de presupuesto que perjudican gravemente los intereses nacionales.

Eso no cuestiona que existan motivos legítimos de discrepancia con algunos aspectos del borrador de legislación propuesto que podrían considerarse discriminatorios.

Sin embargo, la legislación que se va a tramitar no va a ser probablemente discriminatoria, al estar copiada de la Ley de Transparencia en la Financiación de Organizaciones No Gubernamentales aprobada por el Parlamento en febrero de 2011. Esto copia al precedente estadounidense, al hacer obligatorio que todas las organizaciones no gubernamentales que reciban fondos del extranjero se registren como agencias extranjeras. E impondría más transparencia, al permitir al estado seguir las actividades y tomar medidas si una organización no gubernamental vulnera la ley. Si se emprendieran presiones diplomáticas sobre gobiernos extranjeros encaminadas a que desistan de interferir en nuestros asuntos internos, ello prácticamente neutralizaría sus intervenciones más nefastas.

La cuestión más vejatoria es el Supremo de Israel, que muchos israelíes consideran hoy una institución elitista dominada por las posturas de extrema izquierda de cara a la galería.

Es reconocido de forma generalizada que el Tribunal Supremo se volvió excesivamente intervencionista en los tiempos en que el magistrado de izquierdas Aarón Barak fue su presidente. Anuló la supremacía parlamentaria en un país sin constitución, apoyándose en unas cuantas palabras ambiguas como «dignidad humana» contenidas en el código básico aprobado por el Parlamento sin anticipar el grado al que se llegaría a abusar de él. Además, a diferencia del Supremo estadounidense, el Supremo israelí rechaza las excepciones de que ciertas cuestiones se cierren en el ámbito parlamentario.

El Supremo israelí también se diferencia de los demás tribunales al aceptar miles de peticiones al año contra el Estado o un funcionario público -por cualquier motivo de cualquiera- sin que medie ningún requisito que obligue a manifestar un interés directo en la petición en cuestión. Esto limita el tiempo para tratar las apelaciones penales o civiles abiertas que tardan años en resolverse.

Es comprensible que las tensiones prosperen en un clima en el que las posturas públicas están sufriendo cambios y tienen conflictos con la perspectiva izquierdista imperante de los que actualmente ocupan el estrado del Supremo. Desde la perspectiva de los legisladores frustrados metidos a juez, el Supremo israelí, a diferencia del estadounidense o de cualquier otro país democrático, veta la voluntad de la mayoría parlamentaria en cuestiones sin relación judicial, saltándose de esta forma el principio elemental de la separación de poderes entre las tres ramas del Estado. Esto es manifestado con frecuencia por el Supremo al meterse en temas que no son objeto de litigio sino expresión de opiniones políticas.

Por desgracia, la extrema izquierda ha logrado crear la percepción, entre los judíos de la diáspora en especial, de que cualquier reforma vulnera el derecho fundamental de las minorías y representa una amenaza genuina a la razón democrática de nuestra sociedad.

Eso es ridículo. Hay, siendo amables, una necesidad desesperada de reformar el mecanismo antidemocrático de selección de nuevos magistrados que permite a los jueces en ejercicio vetar a cualquier candidato por cualquier razón. Por ejemplo, en el año 2005, la candidata destacada Ruth Gavison fue chantajeada por el entonces presidente del Supremo Aarón Barak, que afirmaba que ella tenía «un programa» -es decir, que carecía de la perspectiva «progre» de los demás jueces del Supremo-. Más recientemente se ha reflejado en la postura negativa manifestada hacia la candidatura del juez Noam Solberg (posteriormente elegido, pero sólo como resultado de negociaciones incesantes) por tratarse de «un colono» residente en Alón Shvut, y por tanto retratado en los medios como alguien «de derechas».

El sistema actual garantiza la perpetuación de la mayoría ideológica imperante en el Tribunal, que niega el acceso a los candidatos de opiniones sociales y políticas distintas. Prescindir de un veto así democratiza el proceso de selección y evita la discriminación. A pesar de sus debilidades, el sistema estadounidense es mucho más democrático, evita el enchufismo judicial y garantiza que la composición del Tribunal refleja cambios en las posturas de la opinión pública. Los candidatos al Supremo estadounidense son elegidos por el Presidente y son objeto de escrutinio parlamentario paralelo, y los que tienen orígenes cuestionables o polémicos son excluidos.

El primer ministro debería de ignorar las diatribas políticas de la presidenta del Supremo, Dorit Beinisch, que describen las enmiendas propuestas como «incitación contra los jueces» e iniciativa encaminada a destruir «la democracia sobre la que descansa nuestra sociedad». No hay ningún otro Tribunal Supremo en el mundo occidental en el que los magistrados en ejercicio sean capaces de vetar en la práctica a candidatos con cuyas opiniones no están de acuerdo. Aunque la presión de la opinión pública acabó en una elección de jueces más equilibrada esta vez, Netanyahu debería de sacar adelante esta reforma encaminada a democratizar el mecanismo de selección de jueces. Una vez implantada, el Supremo que empezará a reflejar los cambios en el seno de la sociedad sin comprometer su independencia judicial.

Por supuesto, el parlamento no debe inmiscuirse y por tanto evitar comprometer el equilibrio de poderes entre la legislatura y los tribunales.

En el contexto más general, el primer ministro Netanyahu no debería de permitir ser intimidado por aquellos que se retratan falsamente como guardianes de los derechos civiles. Simplemente intentan obstaculizar una ampliación genuina de la democracia y deberían ser denunciados como hipócritas y practicantes del doble discurso orwelliano.

Debería de enorgullecernos el hecho de que a pesar de ser el único país del mundo que se enfrenta a constantes amenazas existenciales de los vecinos, Israel es y seguirá siendo un oasis de democracia vibrante en una región cruel en la que la autocracia, la negación de los derechos humanos y el fanatismo islámico están a la orden del día.

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Autor

Antonio Chinchetru

Licenciado en Periodismo y tiene la acreditación de suficiencia investigadora (actual DEA) en Sociología y Opinión Pública

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