La comisión ha vuelto a hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que muestre unidad de acción en la búsqueda de una salida negociada y política al conflicto
Más información
Las fuerzas del Gobierno sirio y los rebeldes opositores que combaten contra el régimen han cometido crímenes de guerra en el marco de los combates que libran desde hace más de un año, aunque en el caso de la disidencia su «gravedad, frecuencia y escala» no alcanza los niveles del régimen de Bashar al Assad, según el informe de una comisión de expertos de Naciones Unidas publicado este miércoles 15 agosto 2012.
Además, el informe de 102 páginas de los expertos de la ONU ha acusado a las fuerzas leales al Assad de «graves violaciones de la ley internacional sobre Derechos Humanos y de la ley humanitaria internacional, incluyendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias», así como de «detención, violencia sexual, ataques indiscriminados, pillaje y destrucción de propiedades».
Las fuerzas del Gobierno sirio y la milicia progubernamental «Shabiha» son los responsables de la matanza del mes de mayo en la localidad de Hula, donde fueron asesinados un centenar de civiles, la mitad de ellos mujeres y niños. Por tanto, según este informe de la ONU, el Gobierno sirio y sus aliados han incurrido en crímenes de guerra y contra la humanidad y cita como ejemplos casos de asesinato y tortura.
Esta es la conclusión a la que ha llegado en su último informe la comisión independiente auspiciada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones de los derechos fundamentales en Siria desde el inicio del conflicto hace 17 meses.
La ONU acusa también a los rebeldes
También las fuerzas rebeldes son acusadas en el documento de «crímenes de guerra, incluidos asesinato, ejecuciones extrajudiciales y tortura», aunque la comisión indica que «estas violaciones y abusos no tuvieron la misma gravedad, frecuencia y escala» que los cometidos por el Gobierno y la Shabiha.
Sobre la situación del conflicto armado, la comisión destaca que desde el mes de febrero la situación se ha deteriorado de manera significativa con nuevos focos de enfrentamientos, tácticas más agresivas y mayores medios militares en ambas partes.
La comisión vuelve a lamentar la falta de acceso a territorio sirio, admitiendo que socava su capacidad para llevar a cabo el mandato encargado por la ONU, y sigue basando su trabajo en entrevistas telefónicas con personas que están en distintos puntos de Siria, así como con refugiados y familiares de víctimas.
El informe llama la atención sobre el deterioro de la situación socioeconómica y humanitaria -«lo que deja a la mayoría de la población en un estado de abandono»- y critica las sanciones internacionales contra el régimen de Bachar al Asad, que considera «una negación de los derechos humanos más básicos del pueblo sirio».
Alerta asimismo sobre el impacto de una guerra civil en la población y denuncia que «la población civil de todas las comunidades es la que soporta el peso, con miles de personas que han perdido la vida». La comisión ha vuelto a hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que muestre unidad de acción en la búsqueda de una salida negociada y política al conflicto.
