El año pasado, las autoridades ajusticiaron a 76 personas condenadas por homicidios premeditados, asaltos armados y tráfico de drogas
El Ministerio saudí del Interior ha autorizado las ejecuciones de condenados a muerte mediante fusilamiento, como alternativa a las decapitaciones con sable cuando sean difíciles de aplicar.
Informa este 11 de marzo de 2013 el diario Al Yom, citando un comunicado del Órgano de Investigaciones y Fiscalía General, que el Ministerio ha dado permiso a los gobernadores provinciales para ordenar fusilamientos, ante la escasez de verdugos que ejecuten con sable.
En ocasiones, la falta de expertos en ese tipo de ajusticiamiento ha causado el retraso en la aplicación de penas capitales.
La forma más extendida de ejecución en Arabia Saudí es la decapitación, mientras que los fusilamientos, aunque existen, no son habituales.
El año pasado, las autoridades ajusticiaron a 76 personas condenadas por homicidios premeditados, asaltos armados y tráfico de drogas, según los datos del Ministerio del Interior.
LOS QUE VAN A MORIR
Este martes, 12 de marzo de 2013, es probable que tenga lugar otra ejecución masiva en Arabía Saudi.
Se trata de los Siete de Abha, como se ha terminado por conocer a un grupo de jóvenes reos, cuyo caso ha causado cierto alboroto internacional debido a que el cabecilla de la banda, Sarhan al Mashayekh, ha sido también condenado a la crucifixión. Esa pena de reminiscencias bíblicas aún sigue contemplada por el sistema penal saudí en pleno siglo XXI.
Sarhan y sus seis compañeros de infortunio fueron detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006 por una serie de atracos a joyerías en Abha, la capital de la provincia meridional de Asir, durante los meses previos.
Un juez les declaró culpables y les condenó a muerte en 2009, después de un juicio que, según activistas saudíes de los derechos humanos apenas duró tres horas y en el que no tuvieron la asistencia de un abogado.
Además, según sus datos, los jóvenes tenían entre 15 y 19 años cuando ocurrieron los hechos, por lo que la mayoría eran menores de edad, a quienes la legislación internacional prohíbe aplicar la pena capital. Amnistía Internacional y Human Rights Watch se hicieron eco de las irregularidades en el juicio, y solicitaron que se repitiera.
