La sombra de la corrupción rodean la construcción de una línea de alta velocidad a Medina

Los líderes del AVE a La Meca, acusados de financiar a la guerrilla terrorista Hezbolá

Las sombras del secretismo y la corrupción rodean al proyecto para la construcción de una línea de alta velocidad entre Meca y Medina (Arabia Saudí) incluso desde años antes de que se produjese su adjudicación a un consorcio saudí-hispano liderado por la empresa local Al Shoula y del que forma parte activa un conglomerado de compañías públicas españolas dependientes del Ministerio de Fomento.

Detalla Fernando Puente en ‘El Economista‘ que, tras el uso de comisionistas de origen sirio e iraní entre otros y la celebración de la consecución del contrato unos meses después con una sonrojante cacería de elefantes en Botswana, los líderes del consorcio se enfrentan ahora en Londres a la acusación de haber financiado a la milicia terrorista Hezbolá, según explica la publicación especializada Altavelocidad.

Abdulaziz ben Mishal y su padre, Mishal ben Abdulaziz Al Saud son los propietarios de la compañía Al Shoula, que da nombre al consorcio del conocido como ‘AVE a la Meca’ y que en su propia web corporativa cita como aliados a Adif, Renfe e Ineco, entre otras muchas empresas españolas. Los retrasos del proyecto

Durante meses, ambos intentaron impedir que la prensa inglesa accediese al contenido de un proceso judicial en el que figuraban como demandados.

Tras amenazar directa y públicamente con que la publicación de las actuaciones judiciales deterioraría irreversiblemente las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Arabia Saudí, los tribunales británicos fallaron finalmente en mayo a favor de los diarios The Guardian y Financial Times.

Papeles secretos con graves acusaciones

Los documentos que los líderes del consorcio saudí-hispano intentaban ocultar a la prensa revelaron finalmente graves acusaciones que incluyen el lavado de dinero para la guerrilla chiíta (imputación especialmente grave para los miembros más destacados de la rama religiosa suní), así como el tráfico de piedras preciosas procedentes de África central.

Conforme a los documentos a los que tuvo acceso el diario británico ambos empresarios trataron inicialmente de zafarse del proceso judicial alegando inmunidad por su condición de miembros de la familia real saudí, puesto que ambos tienen la condición de príncipes.

De hecho, Mishal no es sólo uno de los muchos hermanos del actual rey Abdullah, sino que ocupa el puesto de presidente del poderoso Consejo para la sucesión al trono de la dictadura cuyo nombre familiar (Saud) da nombre al país.

Tras no conseguirlo, se negaron de plano a conceder acceso a la prensa -acogiéndose incluso al convenio europeo de derechos humanos-, y cuando ésta finalmente lo obtuvo de manos de la autoridad judicial, rechazaron todas las acusaciones asegurando que eran fruto de la extorsión y el chantaje de un antiguo socio, el jordano Faisal Almhairat.

El relato de Almhairat señala que en la primavera de 2010 sus socios saudíes le ordenaron viajar a Beirut para abrir una línea de financiación por valor de 5 millones de dólares a favor de un intermediario de Hezbolá, con el objetivo de facilitar el lavado de dinero por esta organización.

Almhairat también señala que la compañía de telecomunicaciones impulsada por los tres también fue utilizada al menos en una ocasión para el contrabando de piedras preciosas procedentes de la República Democrática del Congo por valor de hasta 140 millones de dólares, con destino en Jordania.

Dudas para el consorcio

Los dos príncipes también han sido acusados de instigar la emisión, por parte la policía de la dictadura saudí, de una orden internacional de arresto contra Almhairat, que ha solicitado en varias ocasiones la protección de la policía británica.

Tras el desbloqueo del proceso, las actuaciones siguen su curso y se espera que el juicio comience en enero de 2014, en Londres.

Las acusaciones sobre los propietarios de Al Shoula arrojan nuevas dudas sobre las condiciones en las que fue adjudicado al consorcio español el contrato para construir y explotar una línea de alta velocidad en el corazón de la dictadura saudí, y se suman a una larga y negra lista de dudas que sobrevuelan el proyecto.

Entre ellas está el ajuste de la legislación laboral española al hecho de que aquellas ciudadanas españolas que trabajen en el proyecto serán tratadas en Arabia Saudí como objetos y no sujetos de derecho, o la opacidad del sector público ferroviario acerca del plan de negocio de la línea, el reparto de los beneficios si los hubiera y, especialmente, de cuáles serán las consecuencias para el erario público en caso de que la explotación sea un fracaso comercial.

 

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