La ONG “Una Ventana a la Libertad” relata en su último informe las violaciones a los Derechos Humanos que se viven en los Centros de Reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Venezuela.
“Llama la atención que, durante el proceso de pesquisa del llamado ‘magnicidio frustrado’, tanto los agentes del SEBIN, como los de la DGCIM, exigieran a las personas bajo torturas que grabasen confesiones, según las pautas dictadas por un libreto”, indica el informe.
Una investigación que destaca que continuaron los señalamientos sobre torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos en la sede Boleíta de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
“En oportunidades, las torturas parecían guiadas más por el afán de lograr confesiones que ‘resolvieran’ los casos, mediante la implicación pública de líderes políticos opositores, que por el interés de obtener información precisa y útil para la identificación plena de los responsables de los delitos investigados”, explican.
Nadie está a salvo, siquiera quienes forman parte de las fuerzas chavistas. “En la DGCIM no se ha podido mitigar la carencia de espacio. Este es un indicador del énfasis, colocado por el gobierno de Nicolás Maduro, en cuanto a la represión selectiva de personas ligadas al medio militar, tanto los profesionales de armas -activos o retirados- como sus familiares y, en ocasiones, personas allegadas”.
Las clasificaciones
Según el informe de la ONG, que coordina Carlos Nieto Palma, “en el SEBIN y en la DGCIM se aplican ciertos criterios de clasificación de los detenidos por razones de sexo y de un factor que se podría llamar prominencia”.
Es así como en El Helicoide, que está a cargo del SEBIN, existen dos celdas para mujeres, “pero no se garantiza que las mujeres estarán totalmente apartadas de la población masculina”; en DGCIM solo una celda para mujeres.
“Las denuncias indican que los agentes de la DGCIM Boleíta han diversificado y sistematizado las torturas hasta un punto tal que se han establecido secuencias de prácticas contra las víctimas, llamadas circuitos por los propios encargados de infligir estas torturas. Hay informaciones aportadas por los detenidos según las cuales las torturas pueden ser llevadas a cabo en la sede, así como también en inmuebles utilizados como ‘casas seguras’ por los funcionarios”.
Lo que la ONG llama ‘casas seguras’ también son identificadas en la DGCIM como ‘bases’, de las cuales dicen que su ubicación “es incierta, pero los testimonios indican que están en sectores montañosos, en la periferia de Caracas. Según el abogado Alfredo Romero, los agentes disponen de estos inmuebles porque probablemente fueron incautados con motivo de investigaciones sobre presuntos actos de terrorismo o tráfico de drogas”.
Reconocen que las denuncias sobre torturas “no solo han sido formuladas en foros públicos, sino también en los tribunales, en el curso de las audiencias de presentación y de juicio. En todos los casos, chocan con evasivas de los jueces de control y de juicio, así como de fiscales del Ministerio Público”.
Incluyen “en este círculo de impunidad también participarían los médicos forenses designados para hacer los exámenes a las personas presuntamente torturadas. De esta forma, se impide la documentación oportuna de las lesiones ocasionadas por tales prácticas”.
“Los agentes de la Dgcim continúan manejándose como si fuesen parte de un supra poder, capaces de inducir las decisiones de jueces y fiscales, tanto civiles como militares. Sus acciones no se enmarcan en las limitaciones impuestas por las leyes procesales ni de policía de investigación”.
