El magistrado José Castro cierra la instrucción del 'caso Nóos'

El juez procesa a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales

Según el magistrado, la hermana del Rey Felipe VI se benefició de los negocios ilegales de su marido, Iñaki Urdangarin, cuyos beneficios iban a Aizoon, propiedad de ambos al 50%

El juez procesa a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales
Infanta Cristina.

La decisión del juez de sentar en el banquillo a los Duques de Palma será recurrida por la defensa de ambos, por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorc

El juez José Castro, que investiga desde hace tres años los negocios ilegales de Iñaki Urdangarin, confirma la imputación de Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, por delito fiscal y blanqueo de capitales.

La duquesa de Palma, según una investigación judicial que acumula 32.000 folios de documentación, se benefició de los negocios ilegales de su marido con las admistraciones públicas, cuyos beneficios iban a una empresa, Aizoon, cuya propiedad compartían ambos al 50%.

Así lo dice el juez, que ha hecho público esta mañana el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de la vista oral.

El auto del juez, que quiere sentar en el banquillo a la infanta, mantiene la imputación sobre 16 de las 32 personas implicadas en la causa, muchos de ellos pertenecientes a la trama empresarial montada por Urdangarin y su socio, Diego Torres, y otros ex altos cargos de administraciones que adjudicaron a dedo los contratos al Instituto Nóos.

Urdangarin y su socio cobraron más de seis millones de euros a los Gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana por organizar eventos en los que apenas gastaron dos millones de euros.

Recibieron los contratos a través del Instituto Nóos, que se presentaba bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro.

Sin embargo, el Instituto Nóos desviaba el dinero público conseguido por esta vía hacia empresas privadas propiedad de Urdangarin y Diego Torres.

Una de esas empresas era Aizoon, cuyos propietarios eran Cristina de Borbón y su esposo. A través de esta empresa, el matrimonio gastó dinero para cuestiones particulares que hacían pasar ante Hacienda como gastos propios de la actividad de la entidad mercantil.

La decisión del juez de sentar en el banquillo a los Duques de Palma será recurrida por la defensa de ambos, por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que ya decidió hace más de un año anular la imputación de la infanta y pedir al juez que profundizase en sus investigaciones.

 

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