En la tertulia de este martes, Federico Jiménez Losantos atribuyó a su carácter "suicida" el que en su programa se hablase -largo y tendido- de la actuación del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, quien  ha pedido una pena de cuatro años y seis meses de prisión para el actual presidente de Telefónica. Todo muy bien, pero la ciudadanía se pregunta: ¿Por qué la COPE no habla, no ha hablado y no hablará de la piscina ilegal de Pedrojota?

No tenemos nada contra el poderoso director de El Mundo, pero la vulneración de la Ley de Costas, perpetrada por Pedrojota Ramírez en Mallorca, es un tema relevante. Como lo es el comportamiento del presidente Jaume Matas, quien ayudó a Ramírez hasta a buscar casa en la isla. Como lo es el de la ministra Cristina Narbona, que predica en favor del medio ambiente y firma notas administrativas, autorizando la prolongación de la tropelía mediomabiental. Los periodistas no representan a nadie y deberían ser como todos los ciudadanos, al menos ante la Ley.

A instancias de Pedrojota Ramírez, quien afirmó tajante que el actual presidente de Telefónica, César Alierta, tendrá que sentarse en el banquillo por un delito de abuso de información privilegiada que, presuntamente, cometió cuando dirigía la compañía estatal Tabacalera, Losantos hizo un canto a la imparcialidad e independencia de su programa radiofónico, subrayando que Telefónica uno de los grandes anunciantes españoles.

Pedrojota, a quien le explicaron con bastante sensatez otros participantes en la tertulia, que no es lo mismo una petición de fiscal que una condena, fue incapaz de argumentar en contra, cuando subrayaron que Alejandro Luzón no aporta datos en su escrito que fundamenten su acusación principal. El director de El Mundo afirmó que, en cualquier lugar civilizado del planeta, correrían ríos de tinta en los medios de comunicación si el presidente de una gran empresa fuera acusado de lo que ha sido acusado César Alierta.

De lo que estamos seguros es que en esos países,a los que hace referencia el director de El Mundo, haría ya muchos meses que se habrían publicado páginas enteras si el director del segundo periódico nacional, el hombre especializado en emitir a diestro y siniestro "certificados de buena conducta", hubiera sido sorprendido construyendose una piscina particular en suelo público.

Mucho más, si ese mismo individuo hubiera enviado una carta amenazadora al Ministerio de Medio Ambiente, exigiendo la legalización de su tropelía urbanística. Una misiva en la que Ramírez advierte que hará declarar a "altos personajes" si no arreglan lo suyo.

Todavía más, si ese mismo periodista hubiera pedido el amparo y la connivencia del ministro de Defensa y este -José Bono- hubiera movilizado a favor de la pisicna ilegal hasta al cuartelillo de la Guardia Civil de la comarca.

Y el asunto ocuparía portadas, si una ministra socialista, encargada de proteger el medio ambiente y de velar por los derechos de la ciudadanía -Cristina Narbona- , hubiera urdido como triquiñuela un plan "administrativo" para legalizar temporalmente la ocupación de suelo público por un simple particular. ¿Qué hará la ministra en septiembre?{pag}

La ministra de Narbona dio hace un mes un plazo de tres meses a Pedro J. Ramírez para que presente un proyecto de apertura de su piscina ilegal construida en terrenos de dominio público en la costa norte de Mallorca que actualmente está vallada y destinada a su uso y disfrute particular.

En declaraciones a El Periódico de Catalunya, Narbona explicó que durante este tiempo, director del diario El Mundo, deberá formular "una propuesta de accesos, de sistemas de vigilancia y socorrismo, condiciones de seguridad, aforo y un sistema tarifario en caso de que decida cobrar entrada". Una vez sea aprobado el proyecto y ejecutadas las obras, se procederá a la apertura al público.

Según informó El Periódico, el director de El Mundo obtuvo en el año 2001 del ex ministro de Medio Ambiente del PP Jaume Matas el permiso para construir una piscina en terreno público junto a su finca situada en la urbanización La Costa dels Pins.

La concesión especificaba, sin embargo, que debía ser de uso público, pero el periodista nunca lo cumplió alegando razones de seguridad personal por las que el proyecto de apertura también deberá velar.

La resolución de la ministra Cristina Narbona, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, es la respuesta a una denuncia presentada por un ciudadano y respaldada por los grupos ecologistas de Mallorca.

En el documento, el ministerio desestima las peticiones del denunciante de anular la concesión, sancionar a Pedro J. Ramírez y demoler la piscina, pero también la del director de El Mundo, que pedía la conversión del uso en privado. Mientras se aprueba el proyecto y se ejecutan las obras la piscina ha quedado desafectada del dominio público.