"La profesión periodística no necesita ningún Estatuto, por mucho que algunos, fieles a esa visión intervencionista de la sociedad que les caracteriza, se empeñen en sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados". Con este contundente párrafo un editorial de ABC, en su edición de este lunes, aborda el tema del estatuto del periodista.
Más dadelante segura que " La semana pasada empezaron las comparecencias de los expertos citados por la Comisión Constitucional para informar sobre el texto, impulsado por Izquierda Unida y admitido en la Cámara gracias al apoyo del PSOE. A continuación serán discutidas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios".
En la parte final, ABC deja clara su posición contraria a la aprobación de un estatuto del periodistas con estas palabra: "Un proyecto legal de naturaleza totalitaria que aspira a «sovietizar» el ejercicio de la profesión periodística no merece sólo ser reformado profundamente en su tramitación parlamentaria, sino que debe ser rechazado en su totalidad".
Este es el artículo de opinión completo publicado este lunes por ABC, y que no tiene desperdicio:
La profesión periodística no necesita ningún Estatuto, por mucho que algunos, fieles a esa visión intervencionista de la sociedad que les caracteriza, se empeñen en sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. La semana pasada empezaron las comparecencias de los expertos citados por la Comisión Constitucional para informar sobre el texto, impulsado por Izquierda Unida y admitido en la Cámara gracias al apoyo del PSOE. A continuación serán discutidas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. El proceso de tramitación, que se prevé largo y conflictivo, llevaba casi un año paralizado. El proyecto ha merecido con toda razón críticas desde muy distintos sectores sociales y profesionales. Tratándose de un texto que afecta a la profesión periodística, ABC se siente autorizado a criticar la esencia de un proyecto con ribetes estalinistas. Nuestra posición es clara, contundente y sencilla. Por supuesto, rechazamos el texto presentado, pero también cualquier alternativa de la misma naturaleza que se pudiera elaborar. Simplemente negamos la necesidad de ningún Estatuto para la profesión periodística, aunque es cierto que el presentado resulta especialmente rechazable por su intervencionismo y su aversión a la libertad.
Toda regulación legal de este tipo representa una indeseable intervención del poder político sobre la actividad profesional, en este caso, de los periodistas, y resulta siempre lesiva tanto para la libertad de informar como para el derecho a recibir información. Sobre todo porque subvierte gravemente la filosofía democrática: son los medios de comunicación los que cumplen el papel de controladores del poder, nunca al revés. Cualquiera que conozca la hipersensilidad con la que la clase política en general trata los asuntos periodísticos y el interés que demuestra por controlar la información podrá hacerse una idea de lo que supondría un Estatuto de esta naturaleza. El texto presentado en el Parlamento extrema los males intervencionistas y lesiona profundamente los derechos de las empresas periodísticas. Impone la acreditación mediante el correspondiente carné, expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos, que deciden quién es periodista y quién no, algo que no corresponde determinar ni siquiera a los profesionales de la información. El texto contiene, además, un código ético que recuerda peligrosamente a los tribunales de honor. Las violaciones graves de estos deberes éticos por parte de las empresas pueden acarrearles sanciones con multas que pueden llegar al 1 por ciento de sus beneficios netos. En caso de reincidencia, la sanción puede aumentar hasta alcanzar el 10 por ciento. Por lo demás, la composición del Consejo Estatal se encuentra fuertemente mediatizada por el poder político e incluye a representantes de sectores alejados de la profesión periodística. Casi la totalidad de sus integrantes son designados por mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado. No es difícil imaginar las consecuencias de la existencia de un órgano político encargado de velar por el cumplimiento de los deberes establecidos en el código ético y de castigar a las empresas infractoras, vigilando la fidelidad de sus respectivas líneas editoriales al cumplimiento de los deberes éticos. También establece criterios asamblearios en el funcionamiento de los comités de Redacción. Su contenido, por otra parte, afecta a derechos constitucionales y a leyes orgánicas en vigor.
En suma, se trata de un proyecto más propio de regímenes totalitarios que de países que, como España, son democráticos y reconocen y garantizan las libertades de información y de expresión. Regula mal muchas cosas que no deben ser reguladas, ni siquiera bien. Existen casos, como éste, en los que todo intervencionismo es ilegítimo. En el mejor de los casos incurrirá en un indeseable paternalismo; en el peor, provocará la muerte de la libertad de información. El texto lleva el sello ideológico indeleble de Izquierda Unida y de su concepción controladora. La información sometida al poder político deja de serlo para convertirse en propaganda y manipulación. Pero este texto no merece ser criticado sólo por estos excesos, sino por su propia naturaleza, hostil a la libertad. No es necesario un Estatuto del Periodista. Ni éste, ni ningún otro. El código ético puede ser sustituido, con ventaja para la libertad, por las normas jurídicas vigentes, incluido, por supuesto, el Código Penal, y por la autorregulación de los profesionales. Ir más allá sólo puede conducir a los intentos orwellianos de controlar políticamente la información. Otra cosa es la regulación concreta de algunos asuntos, como el secreto profesional o la cláusula de conciencia. Un proyecto legal de naturaleza totalitaria que aspira a «sovietizar» el ejercicio de la profesión periodística no merece sólo ser reformado profundamente en su tramitación parlamentaria, sino que debe ser rechazado en su totalidad.
