Pedrojota Ramírez, director de El Mundo y propietario de una polémica piscina construida en terreno público en Mallorca, en una entrevista realizada por Iñigo Picabea en elplural.com su punto de vista sobre la reciente resolución del Ministerio de Medio Ambiente, que regula el uso público de la instalación. Pedrojota se compromete a cumplir con sus obligaciones, pero afirma que hay otros muchos casos en la costa mallorquina que no van a pagar un canon anual como hará él. Explica que la piscina ya estaba construida cuando compró el terrreno; añade que la polémica la empezó “el cacique” Pedro Serra (propietario del periódico Ultima Hora, primero en difusión de las Islas Baleares), y que la izquierda “muy radical” se ha apuntó a la campaña, para desacreditarle.

{p}¿Está usted satisfecho con la resolución del Ministerio de Medio Ambiente?{/p}

{r}Estoy satisfecho en la medida en que se acepta un proyecto que he presentado para cumplir estrictamente la legalidad, desde el punto de vista de la Ley de Costas y de la Orden Ministerial que otorgaba la concesión a la anterior propietaria, en 2001. Es verdad que la resolución me proporciona algunas ventajas, pero me impone importantes obligaciones. Yo estoy dispuesto a cumplir hasta la última coma de esa ley, aunque sea el único que lo haga entre los miles de propietarios que tienen en sus domicilios instalaciones en dominio público. Comprendo que tengo más obligaciones que el resto de ciudadanos. {/r}

{p1}Por su relevancia pública, está obligado a dar ejemplo. A ese argumento se le puede dar la vuelta y pensar que se ha creado una situación de privilegio por ser usted quien es. {/p1}

{r1}Es una de las tres mentiras que se han dicho en relación a mi piscina, que yo soy un privilegiado. ¿Es un privilegio pagar un canon anual de 1.500 euros por disfrutar de una instalación en dominio público dos veces al año? Yo he pagado religiosamente, pero no es suficiente porque la Ley de Costas establece que la piscina debe tener un uso público. Evidentemente, eso no significa que cualquiera en el momento que quiera pueda ir allí, porque sería materialmente imposible. No caben más de siete u ocho personas a la vez. Ninguno de los demás propietarios tiene esa obligación. O sea, pagar un canon que los demás no pagan y tener unas obligaciones que los demás no tienen, ¿eso es ser un privilegiado?{/r1}

{p1}¿Cuáles son las dos mentiras restantes?{/p1}

{r1}La primera, que me haya construido una piscina en dominio público. Esa piscina fue construida a comienzos de los años 70. Y la segunda, que la piscina es ilegal, la 'piscina ilegal de Pedro J'. La piscina es y ha sido, desde el primer día que yo adquirí la vivienda, plenamente legal, porque esta protegida por una concesión. {/r1}

{p1}¿Entonces, ningún privilegio?{/p1}

{r1}Alguien puede decir que se consolida la legalidad de una situación, digamos, que la Ley de Costas no contempla detallada y minuciosamente. Puede ser. La Ley deja muchas cosas a interpretación de la Administración, sobre todo, lo que tiene que ver con la transición de lo ya construido hacia ese mundo ideal, en el que no habría ninguna instalación ni en dominio publico ni en los 20 metros primeros de zona de servidumbre. ¿Quién es capaz de decir que eso se esté cumpliendo en España?{/r1}

{p1}La Ley de Costas también tiene un historial de aplicaciones implacables ¿No se ha actuado en su caso con más flexibilidad? {/p1}

{r1}Yo creo que no. Conozco a muchísimos propietarios en Mallorca con los que no se ha adoptado ninguna solución y se permite la ilegalidad. Cuando la anterior propietaria de mi piscina pidió la concesión, argumentó algo irrebatible: “Causaría mucho más daño al medio ambiente dinamitar la piscina que conservarla”. Yo comprendo que alguien diga que no se debe construir una piscina en un lugar como ése, yo estoy de acuerdo. Pero con las que están construidas, ¿qué haces? El único criterio viable es que lo construido en dominio público se mantenga con un uso público regulado, porque habrá que tener en cuenta los derechos de los concesionarios. Y esa es la senda, incómoda, complicada, pero estricta y milimétricamente legal que yo he elegido. {/r1}

{p1}¿No deberíamos hablar de piscina legalizada más que de piscina legal? ¿No estamos ante una serie de hechos consumados? {/p1}

{r1}Cuando yo compro la vivienda, en el momento en el que el Ministerio otorga la concesión, es plenamente legal. En todo caso, si se ha producido una legalización, ha sido a la anterior propietaria y no a mí. {/r1}

{p1}Pero quien disfruta de la piscina es usted ¿no? {/p1}

{r1}Sí, a través de un acuerdo de gestión, porque la concesión no se puede transmitir entre vivos. De hecho, el proceso de legalización tardó dos años hasta conseguir la nueva concesión. {/r1}

{p1}La Ley de Costas permite ese tipo de transmisión si es para realizar un servicio público y eso no se ha producido hasta ahora. {/p1}

{r1}El gestor de la concesión asume todas las obligaciones del concesionario y entre ellas está, además del canon, por supuesto, prestar un servicio público, porque es una de las obligaciones. {/r1}

{p1}Ese uso público ¿nunca se ha llegado a materializar? {/p1}

{r1}No ha existido porque tampoco ha habido demanda social. Es que en los 5 años primeros, nunca, nadie, ni a una sola persona se le ocurrió bañarse en esta piscina y, por lo tanto, no se había desarrollado el uso publico. Cuando tienes una calas maravillosas alrededor, nadie que no tenga un propósito diferente habría pedido ir a bañarse. Lo describe la Delegación del Gobierno en el expediente: nunca ha existido demanda espontánea. Sólo ha existido una campaña, y así lo dice, que tiene nombres y apellidos. {/r1}

{p1}Usted siempre ha atribuido esta polémica a intereses políticos y empresariales. {/p1}

{r1}Me sorprende que haya fuerzas de la izquierda, muy radical, que están sirviendo, lo digo con todas las comillas, de “tontos útiles” a quien está moviendo todo esto, el cacique de la isla, Pedro Serra. Trata de intimidarme para que calle la boca al director de El Día de Baleares, con respecto a casos de corrupción que le afectan. Esto empieza el día de la boda de los príncipes, en el que se me acerca Pedro Serra y me dice: “No podéis seguir publicando las cosas que decís de mí”. Yo le digo que hable con el director de El Día de Baleares, él se lo toma a mal y me deja farfullando “ya verás”. Ese agosto aparecen en la piscina unos fulanos que jamás habían realizado una reivindicación medioambiental y empiezan a salir todos los días en Última Hora, el periódico de Serra. {/r1}

{p1}Aun habiendo otro trasfondo mediático, ¿entiende que se piense que el proceso está rodeado de ambigüedad? {/p1}

{r1}Por eso yo me siento obligado a dar explicaciones a todo aquel que de buena fe esté interesado en el tema. Es mi obligación. Lo que ocurre es que se ha creado una campaña contra solo una de las instalaciones, con todas las que hay en Mallorca y, no te digo, en el resto de España. Empezamos, el día que el señor Joan Puig quiera, a hablar de la Costa Brava, del propio pueblo del señor Puig. He tenido que buscar una fórmula que haga compatible el uso público con mi seguridad y no por un criterio subjetivo. Verás, un informe de la Abogacía del Estado, que consta en el expediente, dice que el uso público no tiene por qué ser indiscriminado y que la concesión sólo podría caducar si se demostrara que no puede haber ningún tipo de uso público, pero no existe esa inviabilidad absoluta. La Delegación del Gobierno tampoco recomienda un uso indiscriminado porque hay un riesgo real de seguridad. {/r1}

{p1}Dadas sus circunstancias, ¿el uso público era inviable desde el principio?{/p1}

{r1}Yo le pregunté a la anterior propietaria si había ido alguien a bañarse y me respondió que en treinta años, nadie. Luego yo tuve la experiencia de que no había ido nadie, hasta que Pedro Serra mandó a los tonton macuts, que es como yo les llamo. La verdad, me despreocupé del asunto, pensando que eso se correspondía más con la letra de la Ley de Costas. Pero una vez que existe una presión para que yo cumpla con la ley, he dado un paso al frente y he dicho que voy a cumplir. {/r1}

{p1}Los responsables de los colegios de Son Servera han rechazado acudir a su piscina.{/p1}

{r1}Habrá que esperar a que conozcan la oferta. Creo que lo sensato es esperar. Por otra parte, si los escolares de Son Servera no tuvieran interés en acudir, puede interesar a los de otro municipio. La Delegación del Gobierno dice que no ha habido demanda, yo me comprometo a que va a haber oferta. {/r1}

{p1}Una oferta que convierte un problema medioambiental en un ejemplo. {/p1}

{r1}La piscina estaba ahí, ¿qué hacemos con ella? Si el criterio es que las piscinas siguen donde están, ¡claro que hay un problema con la Ley de Costas, hay decenas de miles de problemas! Yo sí estoy dispuesto a convertir ese problema en una oportunidad. La sesión didáctica puede empezar diciendo “esta piscina no tendría que estar aquí”. Pero, a diferencia de las demás, puede ser utilizada para demostrar cómo con las energías limpias se puede conseguir renovar el agua, sin consumir un bien escaso en Baleares, como es el agua dulce. Esta resolución puede servir para marcar un camino. {/r1}

{p1}¿Cabe generalizar su caso? {/p1}

{r1}Estoy de acuerdo con que se generalice sobre la base del canon y de buscar un uso público real, aunque sea limitado y adaptado. Lo que creo es que la Administración tiene que coger el toro por los cuernos de la realidad y obtener un beneficio del hecho de que haya tantas instalaciones en dominio público, que la Ley de Costas tolera. {/r1}