«Huid de la adulación y la lisonja», recomienda Baltasar Garzón a sus hijos en Un mundo sin miedo, el nuevo libro de autobombo presentado ayer por el propio juez. El consejo es excelente y nace sin duda de su propia experiencia, ya que Garzón es un magistrado con un ego descomunal, que le ha llevado siempre a buscar la máxima notoriedad en sus actuaciones profesionales y ha alcanzado ya niveles rayanos en lo enfermizo.
El libro se pone hoy a la venta, pero el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ya lo ha leído porque ayer presentó una denuncia por revelación de secretos contra Garzón. Le acusa de hacer públicos datos que figuran bajo el secreto del sumario en varios juzgados de la Audiencia Nacional. Fungairiño declaró ayer que «un juez no puede pronunciarse sobre asuntos sub iudice» y que Garzón debería haber permanecido «callado».
Garzón replicó que él jamás ha sido instructor de las causas sobre las que opina en sus memorias y que la denuncia de Fungairiño es «un absoluto despropósito».
Es cierto que existe una animadversión personal entre ambos, fomentada por el propio Garzón, que en su anterior libro acusaba a Fungairiño de ser un lacayo de Pinochet y un infiltrado de los servicios secretos en la Audiencia. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió un expediente disciplinario a Garzón por estas descalificaciones y por revelación de secretos de sumarios que él instruía, que fue cerrado sin sanción alguna.
Pero también es cierto que el fiscal Fungairiño tiene motivos más que suficientes para denunciar a Garzón por su frivolidad al afirmar, citando un informe policial protegido por el secreto del sumario, que «ETA no buscó una carnicería en la estación de Chamartín» el día de Nochebuena. Lo que asegura Garzón contradice el testimonio del etarra detenido por esta acción, que confesó que querían provocar una masacre. En cualquier caso, su afirmación podría ser utilizada por los abogados de los inculpados, a los que el juez exculpa con una ligereza sorprendente.
El Poder Judicial tendrá que determinar si las informaciones y opiniones que vierte merecen una sanción disciplinaria. Y probablemente los tribunales tendrán que pronunciarse sobre si Garzón ha cometido un delito de calumnias al acusar de «venales» a los periodistas Federico Jiménez Losantos y Jesús Cacho, que ayer anunciaron acciones legales en defensa de su honor.
Garzón afirma en su libro que el veto del PP -por su posición contra la intervención en Irak- le impidió ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Pero lo cierto es que fueron precisamente los vocales del CGPJ próximos al PP los que impulsaron hace cuatro años el archivo sin sanción de aquel expediente disciplinario.
Garzón, una vez más, se ha dejado llevar por su inmensa vanidad.Sea o no sancionado por la vía disciplinaria o la penal, su conducta le inhabilita para seguir siendo juez. Debería aprovechar la excedencia que ha pedido para no volver jamás a una carrera que denigra con una egolatría que desprecia la prudencia exigible a quien debe mantenerse al margen de la polémica.