Cuenta Alfons García en Levante que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, mostró ayer con toda dureza y crudeza el discurso de la Iglesia sobre la situación actual de España. El mensaje, que no contuvo ni una referencia explícita a siglas políticas, fue tajante contra las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e incluso destiló gotas de fatalismo.

«El positivismo jurídico radical es la antesala del totalitarismo», adoctrinó ante el auditorio -clérigos y aspirantes al sacerdocio, en su mayoría, además de un par de cargos públicos (el concejal Miquel Domínguez y el director general del Libro, Vicente Navarro de Luján)- que llenaba la sala de actos de la Facultad de Teología de Valencia.

¿Qué es el positivismo jurídico? La soberanía absoluta del sistema representativo, dijo. O cuando «el legislador no tiene ningún punto de referencia más que lo que él mismo determine». Es decir, cuando por encima del Parlamento no hay nada. Va de la mano del laicismo, abundó, y los dos ejemplos que puso de este fenómeno son la normativa actual sobre el matrimonio, que permite las bodas entre homosexuales, y la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Sobre el primer caso, afirmó que la eliminación de las palabras hombre y mujer del Código Civil suponen que este ya no reconoce el matrimonio, no existe como figura civil, y así, legislando «contra lo que el ser humano es», se convierte en una ley «irracional e injusta» .

Los decretos que desarrollan la materia de Educación para la Ciudadanía, continuó, se han demostrado como «una amenaza real» al derecho de los padres de educar a sus hijos según sus creencias. El objetivo es la constitución de una conciencia moral, que incluye, subrayó, la identificación de prejuicios homófobos. Criticó además que hable de la construcción en los jóvenes de identidad y género, y no de sexo. «Géneros puede haber cinco o seis: homosexual masculino, bisexual femeninoÉ», ironizó. Ante ello, los padres tendrán que tratar de defender sus derechos por medios legítimos, aseveró como respuesta a una pregunta del auditorio.

En clave teológica, el sacerdote jesuita defendió la existencia de una verdad sobre el ser humano, al margen de lo que dicte el Parlamento. Así, aquel que no reconozca que la Cámara no es lo último es el auténtico «peligro para la democracia», aseguró.

Sobre los obispos, tranquilizó, «no es verdad que sean nostálgicos de la España confesional» ni que quieran suplantar al legislador; ni tampoco es cierto que el cristianismo sea incompatible con la democracia. Al contrario, «no es casual», sentenció, que esta surja en el ámbito de la cultura cristiana y no en el del budismo o el del Islam.