De “necesaria y oportuna” califica el diputado socialista José Antonio Pérez Tapias la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa anunciada por el Gobierno de Zapatero. Una reforma que considera que puede crear el clima propicio para el “imprescindible diálogo en torno a la necesaria revisión de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Por su parte, el portavoz del PP de la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, está convencido de que la verdadera intención del Ejecutivo es “poner en su sitio a la Conferencia Episcopal Española” por haber manifestado su opinión sobre algunos asuntos sociales propugnados en el programa electoral del PSOE.

Ambos políticos se pronuncian esta semana sobre la anunciada reforma en la sección Enfoques de la revista Vida Nueva.

Pérez Tapias justifica la necesidad de reformar la ley aduciendo la necesidad de una legislación “que contemple en toda su amplitud esa realidad plural” en la que considera que se ha convertido la sociedad española, no sólo en lo cultural, si no también en lo religioso.

Asimismo cree que es indispensable una ley que establezca “nuevos criterios para la colaboración de las confesiones religiosas con las administraciones públicas” y que defina “cómo han de ubicarse y actuar las religiones en el espacio público social”. Todo ello, según el diputado socialista, “buscando una mayor coherencia con el principio de laicidad”, pero una laicidad, aclara, que “no es antirreligiosa”, sino “inclusiva”, es decir, que considera el papel de las religiones en la sociedad civil.

Quien sí tiene dudas sobre la necesidad de reformar la Ley, vigente desde 1980, es el popular Federico Trillo, quien se pregunta si se trata de “consideraciones políticas nuevas” sobre el hecho religioso en España las que mueven al Gobierno socialista a revisar la normativa.

Trillo recuerda que el Tribunal Constitucional ha podido pronunciarse sobre la normativa y sobre los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, “sin que se haya reparado ni la constitucionalidad de aquella Ley ni la de los acuerdos. No se trata, por tanto, de hechos jurídicos que pudieran afectar a la mayor o menor libertad de los españoles”.