La Asociación Española de Guardias Civiles está alarmada por el incremento del acoso a los miembros de las FCSE y a sus familias. Una persecución que no se circunscribe sólo a los integrantes de ambos cuerpos sino que también afecta a sus familias. Para AEGC este tipo de acciones se extienden porque tanto guardias civiles como policías nacionales no tienen reconocido el delito de odio, que es lo que están sufriendo en varias comunidades: Cataluña, Navarra… y ahora Baleares, para el Ministerio del Interior no hay delito de odio sino que es un «delito de discriminación»
Para AEGC es indignante que tanto para este gobierno, como para sus antecesores, esta falta de interés en la defensa y protección de los miembros de las FCSE. Pero resulta aún más grave, a nuestro juicio, el desampara en el que dejan a nuestras familias y en el daño psicológico que pueden sufrir nuestros hijos por vivir esta situación de acoso y odio.
Desde AEGC podemos entender, que no compartir, que jurídicamente los guardias civiles y policías en la actualidad no tengamos reconocido el delito de odio, pero nos parece inadmisible que el gobierno niegue esta consideración a los miembros de nuestra unidad familiar. Ellas no son guardias civiles, son nuestros hijos y nuestras parejas con sus derechos como ciudadanos y exigimos que se les proteja y no se les deje abandonados, como se ha hecho en Euskadi, Navarra o Cataluña. En las casas cuartel de Palma y de Manacor además de guardias civiles viven menores que sufren y son testigos de este acoso y estos actos pueden conllevarles secuelas psicológicas.
Por ello desde AEGC nos preguntamos que están haciendo desde dos Instituciones cuyo cometido es velar por los derechos de los más pequeños y de los ciudadanos: El Defensor del Menor y el Defensor del Pueblo, no entendemos como hasta ahora han mirado para otro lado en cada uno de esto actos de odio. Por eso en AEGC exigimos a estas instituciones que actúen en defensa de los intereses de nuestros hijos y nuestras familias por las que el Ministerio del Interior y desde el Gobierno no muestran ningún interés por protegerlos.
Pero desde la Asociación Española de Guardias Civiles volvemos a insistir en la necesidad de modificar el Código Penal para que se nos reconozca el delito de odio y de atentado a la autoridad. Lo hemos reclamado en cada ataque sufrido por los compañeros en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, o en las agresiones de los narcos en el Campo de Gibraltar, porque consideramos que no son hechos aislados y que cada día sufrimos un mayor número de agresiones.
En nuestra opinión urge que no se modifique en el Código Penal los «delitos de odio» para que no continúe extendiéndose este tipo de actos por todo el territorio. La impunidad con la que pueden actuar contra los integrantes de las FCSE y sus familias les está dando vía libre a los intransigentes, a los que defienden las libertades solo para los que piensan como ellos.
Un ejemplo es la campaña que están padeciendo los compañeros de los cuarteles de Baleares. Allí se están reproduciendo situaciones como las vividas en Euskadi, Navarra o Cataluña.
Han empezado con los mismos métodos que se han empleado en estas comunidades y en AEGC no queremos que esta violencia, ahora verbal, se incremente y vaya más lejos.
No queremos que de colgar pancartas, con lemas como «TENEMOS LEGITIMIDAD PARA TORTURAR. QUE SE VAYAN FUERA DE LOS PAISES CATALANES. ¡GUARDIA CIVIL FUERA!», se llegue a situaciones de agresividad física.
Y por su puesto, en AEGC no estamos dispuestos a permitir que nuestras familias sigan desamparadas.
