El Parlamento es la columna vertebral de la democracia. El pilar donde se debiera asentar nuestro sistema político. Allí se aprueban las leyes y allí se controla al Gobierno en el uso que realiza del poder. Es también el espejo donde se refleja la conducta de nuestra clase dirigente, de todos los partidos, del que gobierna y de quienes ejercen la oposición.
El pasado viernes, en la comparecencia del Ministro de Interior, «a petición propia», después de que fuera reclamada por toda la oposición, el ministro Jorge Fernández Díaz, dio una lección magistral de falta de respeto a la institución, a los ciudadanos y a la opinión pública. Sus falsedades estaban escritas y leídas sin disimulo. Pretendió el ministro que los diputados de la oposición y la prensa querían hacer escarnio de algo tan sensible como la seguridad personal y familiar de Rodrigo Rato, ex vicepresidente de Gobierno, ex director del Fondo Monetario Internacional -cuyo despacho abandonó por razones personales a mitad de mandato- y ex presidente de Bankia. Después de varias versiones sobre una reunión que se celebró en el despacho del ministerio de Interior sin que estuviera reflejada en la agenda oficial, al final se intentó justificar el encuentro entre un imputado por delitos económicos graves y el responsable de la investigación de esos delitos por la presencia en Twitter -en donde Rodrigo Rato no tiene cuenta- de insultos, agravios y amenazas, que el ministro calificó como «fundadas». Y el ministro omitió la circunstancia de que como corresponde a su condición de ex vicepresidente de Gobierno, Rodrigo Rato es asistido por escolta en todos los actos de su vida privada y pública. Mientras el ministro, miembro súper numerario del Opus Dei, mentía deliberadamente en el Congreso de los Diputados para evitar el ejercicio de sus responsabilidades políticas, Rodrigo Rato se paseaba en moto por Gijón y acudía a una piscina a darse un remojo, demostrando que es un hombre sin miedo a esas amenazas o que tales no le impiden desarrollar sus vacaciones como a cualquier otro español. Atrás quedó la atenuante de que la condición puesta por el ministro para la reunión fuera «no tratar ningún extremo de la situación procesal del imputado» y se arguyó que se habían tratado exclusivamente temas de política general. Y el desmentido más radical a las explicaciones falsas del ministro lo había formulado el propio Rodrigo Rato al explicar que la reunión fue para tratar todas las cosas que le están pasando en su situación de imputado e investigado. El ministro no se despeinó en la comparecencia. Atacó a la prensa y a la oposición por inventarse una historia donde solo había el cumplimiento del deber como responsable de la seguridad del estado, al preocuparse personalmente por la seguridad de su viejo amigo y compañero de partido, Rodrigo Rato. Es decir, había reproches donde debieran haberse producido felicitaciones por la forma personal en la que el ministro ejerce sus responsabilidades de protección. No recordó el ministro si se había reunido con otros imputados, por lo que cabe deducir que no se molestó siquiera en consultar su agenda personal. Al final de la comparecencia, Jorge Fernández Díaz reveló que no había comunicado al presidente de Gobierno la celebración de la reunión, y que solo llamó para decírselo a Mariano Rajoy cuando el periódico El Mundo reveló que ésta se había celebrado. El ejercicio de transparencia que también pretendió el ministro, se limitó a ocultar la reunión hasta que fue descubierta por la prensa. Desde un punto de vista sociológico, lo sucedido es una demostración más de que el Partido Popular no está dispuesto a colaborar en que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y en los partidos. El PP es partidario de mentir en sede parlamentaria para esquivar las responsabilidades derivadas de una reunión que la prensa internacional ha calificado como «improcedente» e «irresponsable». Nadie creyó al ministro excepto los suyos. Las principales asociaciones de jueces y fiscales no tuvieron inconveniente en calificar el encuentro como improcedente y el PSOE sigue adelante con su denuncia por prevaricación, entre otros posibles delitos. Mientras llegan a la Audiencia Nacional los legajos en donde se consideran entre otros delitos el blanqueo de capitales, y los preferentistas de Bankia siguen luchando en los tribunales contra la entidad que presidiera Rodrigo Rato en su salida a bolsa con su contabilidad falsificada, el ministro no solo no dimite o es cesado por el presidente de Gobierno, sino que todos ellos pretenden que agradezcamos a Jorge Fernández Díaz por tomarnos a todos una vez más como idiotas.
